El aumento del gasto militar servirá para subir el sueldo a los soldados, reponer munición y reforzar el servicio secreto del CNI

El aumento del número de militares y la mejora de sus retribuciones, con 679 millones, la modernización de los sistemas de formación y simulación, con 928,27, o la recuperación de la reserva de munición y explosivos, seriamente mermada por las entregas a Ucrania, con 564,98 millones, figuran entre las partidas que más presupuesto se llevan dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Además, el servicio secreto CNI recibirá 482 millones para reforzar su área de ciberseguridad y aumentar su plantilla y despliegue en el exterior. Este plan, que ayer aprobó el Consejo de Ministros y este miércoles ha sido remitido por el Gobierno a la OTAN y la UE para su examen, prevé inyectar 10.471 millones de euros en los presupuestos de defensa para llegar este mismo año al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en gasto militar.

El documento detalla de dónde saldrá este fuerte crecimiento del gasto militar que, según aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hará sin recortar el gasto social o medioambiental ni subir impuestos y tampoco aumentar el déficit o la deuda pública. La mayor partida (2.819,17 millones) procederá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que hasta ahora recurrían las comunidades autónomas para financiarse y ya no será tan necesario al poder hacerlo en los mercados. Otras cantidades importantes saldrán de gastos asignados en los presupuestos de 2023, prorrogados hasta hoy, que ya no son necesarios en 2025 (1.744,89 millones); de la reorientación de fondos del Plan Recuperación y Resiliencia de la UE (1.357); de reintegros y nuevos préstamos del Ministerio de Industria (1.680,83) o del Fondo de Contingencia (1.395,10).

En esa línea, el Consejo de Ministros de este martes aprobó una transferencia de crédito por 2.819,1 millones al Ministerio de Industria para “financiar aportaciones reembolsables a empresas para el desarrollo de proyectos tecnológicos cualificados relacionados con programas de defensa”. Se trata de potenciar la base industrial nacional para que tenga capacidad de desarrollar “grandes proyectos tecnológicos considerados de alto interés estratégico”, según el Gobierno.

El plan prevé que el gasto militar de España se eleve este año hasta los 33.123 millones de euros, pasando del 1,43% del PIB en 2024 al 2% en 2025, anticipando en cuatro años este objetivo, que estaba previsto para 2029. Pese a ello, el documento asegura que “España no va a sumarse a ninguna escalada armamentística”.

Entre los programas que incluye el plan destacan la nueva radio táctica del Ejército de Tierra SCRT (350 millones), el sistema de mando y control MC3 (241 millones), los satélites espía Paz 2 (200), el futuro buque de guerra electrónica (105), la modernización de las fragatas F-100 (225), el nuevo buque de apoyo al combate (100), el sistema aéreo de combate de sexta generación FCAS (216), el vehículo de cadenas VAC (200), el nuevo obús autopropulsado ATP (300), el caza de entrenamiento del Ejército del Aire (275) o siete aviones anfibios de lucha contra incendios (661,39). También prevé una partida de 189 millones para mejorar las capacidades del Ministerio del Interior en áreas como ciberinteligencia y refuerzo de infraestructuras. La mayoría de estos 31 nuevos programas son plurianuales, por lo que su coste total (3.807 millones) solo cubre un primer pago. Ello obliga a que el presupuesto de defensa se mantenga en los próximos años para afrontar los compromisos asumidos.

Además, el denominado porgrama Fores contará con 664,63 millones para préstamos o entradas de capital en empresas del ámbito de la defensa, mientras que el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) contará 200 millones para inversión en fondos de capital riesgo relacionados con la defensa.

El presidente Sánchez informó este miércoles al secretario general de la OTAN. Mark Rutte, quien celebró “el anuncio de alcanzar el 2% más rápidamente. Para mantenernos seguros todos necesitamos aumentar la inversión en defensa: construir una OTAN más fuerte, más justa y más letal”, agregó, en un mensaje a través de las redes sociales.

La presión de la OTAN ha sido decisiva para que el Gobierno decidiera adelantar a este mismo año el objetivo de llegar al 2% cuatro antes de lo hasta ahora previsto. El propio Rutte dijo a finales de marzo que el Gobierno español quería “llegar al 2% en verano”, lo que fue desmentido por La Moncloa, pero lo cierto es que, después de que Italia y Bélgica, dos países que tampoco habían cumplido el objetivo fijado en la cumbre de Gales de 2014, anunciaran que lo harían en 2025, España se había quedado sola. En junio está prevista la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos), la primera tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en la que se fijará un nuevo objetivo de gasto militar, previsiblemente por encima del 3%.

El plan se articula en cinco pilares: la mejora de las condiciones laborales de la tropa y marinería, así como la preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas, con una dotación de 3.712,49 millones de euros, el 35,45% del total; el desarrollo y adquisición de nuevas capacidades de telecomunicación y ciberseguridad, con 3.262,76 millones, el 31,16%; la fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y disuasión, con 1.962 millones, el 18,75%; el refuerzo de las capacidades de las Fuerzas Armadas para apoyar la gestión de emergencias y desastres naturales, con 1.751,53 millones, el 16,73%; y la mejora de las condiciones de seguridad de los más de 3.000 militares españoles desplegados en 16 misiones en el exterior, con 328,74 millones, el 3,14%. A la cantidad global hay que restarle 547,36 millones que ingresará el Tesoro de ajustes en los pagos de los 56 programas de modernización que ya están en curso.

El Gobierno asegura que el 87% de la inversión se destinará a empresas españolas en todas las comunidades autónomas y que esta incrementará el PIB español entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales, incrementando en un 18% la I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) del Estado y creando 96.000 empleos, 36.000 directos, la mayoría de ellos cualificados.