Las capturas de Iván Name y Andrés Calle por corrupción enturbian el debate de la consulta popular de Petro
La Corte Suprema de Justicia ha encontrado indicios de robo de dineros públicos para comprar conciencias en el Legislativo


Si el debate político ya era tenso en Colombia, y el Senado de la República tenía en sus manos una difícil e incierta votación sobre la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro, la situación se ha deteriorado aún más. Eso por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de capturar a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, en un caso por corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), en el que están señalados de recibir millonarios recursos a cambio de apoyar los proyectos del Ejecutivo. Con el caso de nuevo en la agenda, y con detenciones de muy alto nivel a un político opositor y a otro oficialista, la sombra de la corrupción en las relaciones entre los dos poderes quedará sobre la decisión que debe tomar el Senado antes de que termine el mes.
El presidente, elegido con la bandera del cambio y una larga trayectoria de denuncias contra la corrupción, ha enfrentado la trama de la UNGRD señalando que es falso que Name haya apoyado sus reformas y que incluso usó su cargo para frenarlas. En efecto, el político del partido Verde ha fungido como opositor y crítico de Petro, y ha votado contra varias de sus principales iniciativas. De hecho, fue elegido como cabeza del Senado con los votos de la oposición y las bancadas independientes, con el oficialismo apoyando a su competidor.
Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo de Petro -su segundo director de la UNGRD, Olmedo López; el subdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla; y la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz- han declarado que Name recibió 3.000 millones de pesos de recursos públicos para apoyar al Gobierno. Y los magistrados del más alto tribunal penal del país han encontrado suficientes indicios para detener al senador por ello, lo que por lo menos debilita el argumento presidencial.
El caso de Calle es distinto. El político liberal ha sido firme defensor del Gobierno, ha votado a favor de sus proyectos y ha impulsado su trámite. En octubre de 2023, el momento en el que según Pinilla habría recibido 1.000 millones de pesos esquilmados al erario, su hermano y su padre eran candidatos a la Gobernación de Córdoba y a la alcaldía de su natal municipio de Montelíbano, respectivamente. Los dos tenían el apoyo del oficialismo, y el padre fue electo. La relación es tan clara que, a diferencia del caso de Name, el presidente ha guardado silencio frente a Calle.
La discusión de esa relación puntual entre Petro y los dos congresistas capturados se da justo cuando el presidente ha exacerbado su discurso contra los congresistas, amenazando incluso con una “revocatoria” en caso de que voten en contra de su consulta popular, la alternativa que ha encontrado para reflotar la reforma laboral que ha rechazado el Senado y para ondear la popular bandera de los derechos de los trabajadores.
La plenaria del Senado tiene hasta el 31 de mayo para tomar una decisión, aunque su presidente ha dicho que espera resolverlo antes, y no hay mayorías claras ni a favor ni en contra. El bloque independiente, los 10 o 15 senadores entre 104 que definirán la postura del Legislativo, ya enfrentaba el dilema entre permitir que el Gobierno movilice a sus bases meses antes de las elecciones de 2026 o alimentar el argumento del bloqueo institucional al cambio. Son dudas que se apilan: la consulta llega con una amplia favorabilidad entre la opinión pública, un incentivo para apoyarla; pero dos legisladores poderosos y reconocidos han perdido su libertad y enfrentan procesos penales por presuntamente recibir pagos ilegales por apoyar al Gobierno.
La tensión es cada vez más alta. En 10 meses habrá elecciones legislativas, en 12 meses serán las presidenciales. La izquierda busca mantener el poder, sin un candidato claro aún; el centro y la derecha tampoco tienen cabezas claras. Las encuestas muestran a un país pesimista, desencantado de los partidos, del Congreso y de los políticos, y sin mayorías en favor de ninguna tendencia. El presidente que prometió el cambio señala a sus ministros de ser incapaces de llevarlo a cabo, habla de bloqueo institucional y golpe blando en su contra, enfrenta peleas intestinas y críticas de sus antiguos colaboradores. La incertidumbre crece. Y el debate por la consulta popular, el asunto político del momento, termina bajo la sombra de un gran caso de corrupción.
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