El Tribunal Constitucional de Bolivia confirma la inhabilitación de Evo Morales para las elecciones

Por decisión unánime de sus nueve , el Tribunal Constitucional de Bolivia confirmó la prohibición de que Evo Morales vuelva a ser presidente del país que ya gobernó tres periodos. Dos sentencias constitucionales anteriores que hablaban incidentalmente de los límites de la relección han quedado ratificadas por un fallo más específico y respaldado por la sala plena del Tribunal, y que por eso, según los especialistas, tiene una mayor fuerza jurídica. El hecho se produjo pocos días antes de que acabe el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones de agosto.

El Tribunal Constitucional respondió a un requerimiento de dos diputados opositores con una resolución que ratifica que ningún boliviano puede ocupar la presidencia o la vicepresidencia más de dos veces y puede gobernar por un máximo improrrogable de diez años, sin importar si ha sido elegido de forma continua o discontinua. De este modo, Bolivia ha adoptado un sistema análogo al estadounidense, lo cual rompe con la tradición nacional, que siempre había permitido las reelecciones discontinuas. Algunos analistas la han considerado una reforma “hecho a la medida” de Morales, que ha gobernado casi 14 años continuos, entre 2006 y 2019.

La sentencia se hizo pública al día siguiente de que el presidente Luis Arce anunciara que no estará en la carrera electoral y pidiera reunificar la izquierda en torno al “mejor posicionado”, en alusión al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Con Morales fuera de la carrera, Rodríguez tiene la oportunidad de ser el único candidato de izquierda en las elecciones, pero no es seguro que lo logre. Quienes hasta ahora habían estado cerca de Arce, que tienen el control del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido histórico de la izquierda boliviana, están desoyendo el mensaje del presidente y barajando otras opciones además de Rodríguez. Este, por su parte, ha dicho que la unidad debe darse entre las organizaciones sociales y no “con cúpulas desconectadas” de la realidad. Así pretende distanciarse del presidente, cuyo manejo de la crisis económica provoca un fuerte rechazo ciudadano. De modo que es posible la inscripción de dos o incluso tres candidatos de izquierda.

La primera vez que el Tribunal Constitucional señaló límites a la reelección que derivaban en la inhabilitación de Evo Morales fue en diciembre de 2023. Desde entonces, el expresidente ha manifestado varias veces que no acata esta decisión y la considera inconstitucional. En lugar de eso, ha organizado varias protestas para lograr que se ita su derecho a ser candidato. La más reciente de ellas será el 16 de mayo, cuando sus simpatizantes marchen desde el campo y entren a La Paz, la sede de la política boliviana, para exigir pacíficamente su inscripción. Sin embargo, no cuenta con un partido legalmente inscrito, lo que, sumado a la prohibición constitucional, le cierra el paso. El Tribunal Electoral ha señalado sobre su reclamo que no actuará bajo presión.

“Solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura. No tenemos ambiciones personales. Vamos a obedecer el mandato del pueblo para salvar, otra vez, Bolivia”. Así respondió Morales al desafío de Arce para que siga su ejemplo y retire sus aspiraciones presidenciales.

Mientras esto sucede en Bolivia, en Argentina la Justicia ha itido una demanda de varias organizaciones civiles, entre ellas el Foro Argentino por la Democracia, en contra del expresidente Morales por delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos durante sus tres gobiernos. Argentina permite la extraterritorialidad cuando se trata de causas de derechos humanos. Según se ha conocido hasta ahora, el abogado demandante, Tomás Farini Duggan, argumenta varios casos de supuesta persecución judicial contra un conjunto de ciudadanos bolivianos y residentes en Bolivia. La denuncia fue aceptada por la jueza María Eugenia Capuchetti y se procesará en los tribunales federales de Buenos Aires.