Sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento

Al fin fue entregado un informe cuya finalización había sido dilatada en el tiempo, y que hemos estado discutiendo por una semana sin conocerlo. La pregunta es si el Informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento constituye un hito histórico para resolver los conflictos pendientes en las relaciones entre el pueblo mapuche, el Estado y la sociedad chilena, o bien un paso en falso en una dirección equivocada.

En primer lugar, el trabajo de la Comisión ha mostrado un gran esfuerzo de diálogo y negociación entre personas con visiones divergentes. Han desarrollado durante dos años conversaciones sin restricciones sobre temas relevantes que surgen de los conflictos para los cuales la institucionalidad no ha brindado un cauce. Han procurado construir un sentido común sobre los dolores y problemas pendientes, sobre las vías institucionales para superarlos y la reparación de todas víctimas de los conflictos. Esto por sí mismo es un inmenso avance en medio de un problema que se prolonga con una fractura profunda, no solo por las violencias involucradas, sino también por el enfrentamiento de ideologías que no salen de sus ciudadelas.

En segundo lugar, este esfuerzo fue anunciado con la promesa de eficacia que la diferenciaría de anteriores esfuerzos como la Comisión Vargas en 2017 o la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2004). Los resultados de esta comisión no serían archivados, y, por el contrario, se llevarían a la práctica debido a un respaldo transversal de la élite política, así como el involucramiento de importantes sectores del pueblo mapuche. Este esfuerzo superaría las palabras de buenas intenciones y se implementaría con el respaldo transversal, en primer término de los partidos políticos. Pero, por ahora, no es así, pues los comisionados dicen haber sido sorprendidos por su falta de unanimidad y la candidata presidencial puntera en las encuestas, así como un parte de su sector, están rechazando el informe. Por qué no se presentó el informe antes de las tensiones de la campaña electoral, por qué no se prescindió antes de la unanimidad si lo que realmente importaba era el acuerdo robusto de los más relevantes sectores políticos de gobierno y oposición antes que de los comisionados. Cuál fue el esfuerzo político puesto para persuadir al liderazgo de la oposición, además de la vida interna de la propia comisión. El desenlace de esta comisión parece estar afectado por problemas de gestión política, donde más que ser justos era necesario tener eficacia.

En tercer término, la opinión pública ha presenciado un debate sobre las buenas razones y la legitimidad para un acuerdo en torno al trabajo de la comisión o sus carencias desde hace una semana, mientras brillaban por su ausencia las visiones mapuche sobre la comisión. Es curioso que un esfuerzo que contó con 11 diálogos interculturales, 5 mil participantes y 58 encuentros autoconvocados, no tenga aún defensores a brazo partido en el mundo mapuche, más allá de los comisionados. Aunque otros procesos, con menor duración, como los encuentros autoconvocados del proceso constituyente indígena de Bachelet, tuvieron mejor participación, el esfuerzo de la comisión no ha sido menor. Creo que le ha jugado en contra su despliegue como una comisión centrada en los expertos antes que como un canal donde el protagonismo lo tuvieran los indígenas que eran escuchados, como sucedió con el resto de las comisiones de la verdad que han tratado temas indígenas en Canadá, Noruega o Colombia. Más allá del consabido reproche de orgánicas extremistas como la CAM, la reacción del grueso del mundo mapuche está aún por verse.

Por otra parte, muchas recomendaciones, como la creación de una instancia superior de coordinación de la política indígena, medidas de representación y reconocimiento constitucional afectan a otros pueblos indígenas, los cuales no han sido oídos sobre este proceso.

Finalmente, en el corazón del informe, es muy claro que el actual sistema de compra de tierras bajo la ley indígena es insostenible en relación con la demanda determinada. A partir de allí, se hacen una serie de propuestas que deben ser estudiadas, porque persiguen formas más realistas de enfrentar aquel problema. Esto requiere también de nuevas posibilidades de desarrollo económico más allá del tema de las tierras. Con el conjunto de instituciones que se propone crear no es muy claro el destino de CONADI, pero todos estos aspectos pueden ser discutidos y mejorados en una necesaria reflexión de detalle.

Lo crucial es que ahora la política haga un buen trabajo, prolongando las conversaciones, afinando los aspectos concretos, pensando no en términos breves, sino en que los problemas abordados seguirán siéndolo aun cuando gobiernen los que ahora son oposición. Entonces extrañarán la base de un acuerdo como los de la comisión.

Esperamos que el gobierno siga conversando con la oposición política y con el mundo mapuche e indígena en general - esto aun antes de los debidos procesos de consulta del Convenio 169. Si el diálogo se proyecta, en lugar de terminarse con la comisión, este avance podrá llegar a considerarse como un hito histórico. Por ahora, faltan muchas conversaciones para que el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento pueda convertirse en ese hito.