Natalia Guala: “Las personas con discapacidad somos actores de la economía, no objetos de caridad”

Natalia Guala Beathyate (Buenos Aires, 42 años) sabe bien que las barreras sociales se amplían cuando se tiene una discapacidad. Nació con una malformación congénita de la retina y, aunque estudió en una escuela convencional, cuando ingresó a la universidad, en Uruguay, se enfrentó a las objeciones de algunos profesores: “¡Tú no puedes rendir exámenes! ¿Cómo vamos a hacer contigo?”.

La situación discriminatoria, entre otras experimentadas, y un acercamiento a organizaciones de personas con ceguera le encaminaron hacia el activismo. No solo concluyó con éxito dos carreras universitarias -Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación-, sino que ahora es la directora técnica de relaciones internacionales del grupo social ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), en Madrid, y fue elegida en junio por 143 países como experta independiente del Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el periodo 2025-2028.

En Santiago aterrizó el 5 de mayo para participar en la conferencia iberoamericana 2025 de Zero Project. Llegó unos días después de que el popular presentador chileno Mario Kreutzberger, conocido en Latinoamérica como Don Francisco, cargó contra el aeropuerto internacional Nuevo Pudahuel por deficiencias en la asistencia a personas con movilidad reducida o adultos mayores, un reclamo que ya había hecho en abril de 2023. En entrevista con EL PAÍS, Guala confirma que en la región se siguen enfrentando a variadas dificultades, aunque prefiere enfocarse, esta vez, en las laborales: “Las personas con discapacidad somos actores de la economía, no objetos de caridad, y es importante que se nos vea así. Tenemos mucho para aportar a la sociedad, incluso con nuestros conocimientos podemos derribar los prejuicios”.

Y no es una cuestión de percepción. Las economías que excluyen a estos ciudadanos de su fuerza laboral pueden perder hasta un 7% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones realizadas por el Banco Mundial en 2021. Es una comunidad que asciende a los 85 millones en Latinoamérica, lo cual equivale a un 14,7% de la población total. “Eso tiene que ser un elemento para reflexionar, porque se tiene la oportunidad de que contribuyan al crecimiento económico. Pero, al mismo tiempo, de apoyar en la promoción de su autonomía y participación”, afirma.

Pregunta. ¿Cómo evalúa la inclusividad de las personas con discapacidad en el ámbito laboral de Iberoamérica?

Respuesta. Se ha avanzado mucho. Hace unos 20 años la búsqueda de empleo era más compleja. Nos encontramos con muchísimas barreras. Pero el panorama ha mejorado. Eso tiene una explicación no solo por la Convención [sobre los derechos de las personas con discapacidad] que entró en vigor en 2008 y que ratificaron todos los países de la región, sino porque el movimiento de personas con discapacidad ha trabajado mucho en la toma de conciencia con los sectores público y privado. Muchas veces las barreras están relacionadas con la falta de información, el desconocimiento, el miedo. Pero estas se han aminorado.

La discapacidad está en la agenda, ya no se presenta como algo totalmente desconocido. Y sí, falta muchísimo, pero en términos históricos hemos avanzado más en los últimos 20 años, al menos más de lo que se había hecho en el último siglo.

P. ¿Recuerda alguna experiencia internacional?

R. Hay una reflexión a nivel de la región, enfocada en la crisis de los sistemas de protección social, que busca transformarse para enfrentar ya no solo la discapacidad, sino a la pirámide invertida de la población. Es decir, de los desafíos de la expectativa de vida que crece, de los años de cotización de pensiones, de la menor natalidad. Toda esa coyuntura ha abierto una reflexión de cómo transformamos los sistemas de protección social y ahí está la posibilidad de incorporar la perspectiva de estas personas, alineada con la Convención. Y no para reducir las prestaciones, sino que sean transformadas. Es decir, que se entiendan como costes derivados de la discapacidad, pero que esa misma persona pueda participar en el mercado de trabajo y aportar al sistema.

P. ¿Por qué pareciera que esto no es prioridad en las agendas de los políticos?

R. Es algo muy coyuntural. Pero es importante un movimiento en cada uno de los países unificado, con una interlocución con las autoridades, que, dentro de esas prioridades generales de la población, pueda poner a las personas con discapacidad en los planes políticos. Sin embargo, tenemos casos en la región donde el tema sí ha estado en agenda.

P. ¿Cómo lograr el empoderamiento de estas personas?

R. Hay varios elementos que contribuyen con ello. Cuando se nace con una discapacidad es importante contar con una familia que tenga herramientas, conocimientos y posibilidades de promover una vida autónoma, participar en la educación –ojalá en términos inclusivos– y evitar la sobreprotección o la infantilización. También es fundamental buscar organizaciones de personas con discapacidad y de otros ámbitos. Si se trata de una discapacidad sobrevenida, hay que cambiar esa percepción de que ‘ahora no se podrá hacer nada’. Siempre hay oportunidades. Por otro lado, es importante que se pueda contar con el reconocimiento del Estado para existir y sostenerse, participar en los espacios de tomas de decisión y que tengan accesibilidades.

P. ¿Qué pasa cuando tienes una discapacidad y eres mujer?

R. Cuando se combinan diferentes dimensiones de vulnerabilidad en una misma persona –mujeres, personas indígenas o afrodescendientes, migrantes, con discapacidad–, la discriminación puede ser múltiple y genera mayores barreras. Entonces, sí, la interseccionalidad provoca un impacto desproporcionado hacia una población especialmente vulnerable.