El Gobierno acuerda con el BNG corregir el error para que los perceptores del salario mínimo no tributen por la cuota autonómica del IRPF

El largo y conflictivo proceso para eximir al salario mínimo interprofesional (SMI) del pago del IRPF ha quedado aparentemente resuelto. El BNG ha anunciado este martes un acuerdo con los dos partidos del Gobierno para que las personas perceptoras del SMI no tributen el IRPF y este coste “sea asumido exclusivamente por el Estado”. Es decir, corrige el error en la redacción del texto legal del Ministerio de Hacienda por el cual la mitad de la devolución del pago del IRPF a los perceptores del nuevo salario mínimo -la parte que corresponde a la cuota autónomica- quedaba en el limbo.

El asunto se resolverá por una vía un tanto sinuosa: una disposición adicional a una ley sin relación directa con el asunto, la de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. El texto se incluirá en una enmienda transaccional acordada por PSOE y Sumar con la formación nacionalista gallega, que cuenta con un solo diputado.

En un comunicado, el BNG explica que “se incorpora una nueva deducción en la cuota líquida total del impuesto para los perceptores del SMI”. Y añade: “Con el establecimiento de esta deducción se evita que los contribuyentes perceptores del Salario Mínimo Interprofesional tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, reivindica el grupo gallego. Subraya, además, que el coste de estas deducciones “será asumido exclusivamente por el Estado”.

Según los términos del acuerdo divulgados por el BNG, los 2,4 millones de perceptores del salario mínimo interprofesional disfrutarán de una deducción fiscal de 340 euros anuales, la cantidad que deberían tributar por IRPF. Ese beneficio se les aplicará siempre que no dispongan de ninguna otra renta ajena a las del trabajo superior a 6.500 euros al año. La enmienda pactada extiende la deducción a un tramo de ingresos por encima del salario mínimo, aquellos con rentas del trabajo entre 16.576 y 18.276 euros anuales. En este caso también se le descontarán 340 euros, menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y la cuantía del salario mínimo.

El error del Ministerio de Hacienda fue el último capítulo de un asunto que durante varias semanas provocó una fuerte tensión dentro del Gobierno. Y más concretamente entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar. La primera defendió que, tras la subida del SMI del 4,4% este año, esos salarios alcanzaban la cuantía para tributar en el IRPF y deberían hacerlo. Y lo aprobó en primera instancia, con el apoyo de la parte socialista del Gobierno.

Pero Sumar no dio el brazo a torcer y presentó una proposición de ley en el Congreso para revertir la medida. Los socialistas se quedaron solos, ya que incluso el PP se unió a las críticas y presentó su propia propuesta legislativa, al igual que Podemos. Ante la evidencia de que iba a sufrir un revolcón parlamentario, Hacienda dio su brazo a torcer y a finales de marzo acordó que los perceptores del salario mínimo tendrían unas retenciones de unos 30 euros mensuales por IRPF pero esas cantidades le serían devueltas a través de una deducción en la declaración de la renta del año próximo.

Solo dos semanas después, el Registro de Economistas Asesores Fiscales alertó de un fallo técnico en la norma. Su redacción amenazaba con dejar fuera de las deducciones el 50% del impuesto correspondiente a las comunidades autónomas. Hacienda prometió entonces subsanarlo y lo hará a través de esa enmienda pactada este martes con el BNG, que entrará en vigor una vez se apruebe el conjunto de la ley en la que va inserta.