La reforma del reglamento del Senado impulsada por el Partido Popular, con mayoría absoluta, no incluirá el uso generalizado de las lenguas cooficiales en la Cámara alta. Este lunes, las formaciones nacionalistas con representación —Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, Junts, BNG, Compromís, Geroa Bai e Eivissa i Formentera al Senat— han registrado una iniciativa conjunta en la que piden “garantizar la utilización plena y normalizada del catalán, el occitano (aranés en Val d’Aran), el euskera y gallego”. Hasta ahora las lenguas cooficiales se permiten solo en determinados debates del Senado. La solicitud se produce a escasos días de que se discuta en pleno la propuesta de reforma del Reglamento promovida por el PP, el próximo día 8 de abril. La formación de Alberto Núñez Feijóo se niega a incorporar esa exigencia a las nuevas normas que regirán la institución, según aseguran a EL PAÍS.

“Esta es una propuesta muy similar a la que hicieron en el Congreso y que nosotros la rechazamos. Nosotros no cambiamos de opinión como Sánchez, nosotros actuaremos en consecuencia con nuestra posición en el congreso”, señala la portavoz popular en el Senado, Alicia García. “Dialogaremos con todos para que se reforme el Reglamento del Senado de manera integral, tal y como hemos propuesto, con el mayor consenso posible, pero sin renunciar a nuestros principios”, añade la parlamentaria y miembro de la dirección popular con la vista puesta en el inminente debate de su propuesta, que supone modificaciones profundas del funcionamiento de la Cámara alta. Y en una jornada que se prevé de alto voltaje. En el Congreso, el PSOE propició la reforma del reglamento de la Cámara baja en verano de 2023 para autorizar el uso de las lenguas cooficiales como cesión a las fuerzas nacionalistas previa a la investidura del presidente Pedro Sánchez.

En el caso del Senado, Cámara de representación territorial, la institución modificó su reglamento en 2005 para permitir las lenguas cooficiales, pero solo en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, mediante traducción simultánea de catalán, valenciano, euskera y gallego. Pero ese reducido uso se amplió un poco en 2010 con una nueva reforma del reglamento —apoyada por todos los grupos menos por el PP—, extendiendo en su artículo 84 la posibilidad de utilizarlas también durante el debate de las mociones en el pleno, que suelen celebrarse los martes por la tarde-noche y los miércoles.

También se amplió entonces el marco para que, junto a los textos en castellano, las iniciativas legislativas se publiquen a su vez en la lengua cooficial correspondiente. Los escritos presentados por los senadores en el registro y los dirigidos por los ciudadanos y otras instituciones al Senado pueden redactarse asimismo en castellano y en lengua cooficial. Por último, se amparó su uso en la primera intervención del presidente del Senado ante el pleno. Como ejemplo, el nuevo presidente de la Cámara alta, el popular Pedro Rollán, dio las “gracias” en catalán, euskera y gallego en su primer discurso, en agosto de 2023.

Pero las formaciones nacionalistas exigen ahora dar un paso más. Según el comunicado conjunto, su objetivo es “corregir la grave vulneración de derechos” que supone la prohibición del uso total de las lenguas cooficiales en el Senado, además de perseguir con esta iniciativa “el normal y pleno desempeño de las y los representantes públicos en la cámara de representación territorial”, junto con la “promoción de la riqueza derivada de la pluralidad lingüística, así como el derecho de la ciudadanía a ser atendida en la lengua oficial que elija”. De momento, la oposición del PP, que controla la Cámara alta con su mayoría absoluta, es frontal.

Jurisprudencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional ha llevado a cabo una importante tarea de definición y delimitación del marco jurídico de las lenguas cooficiales en España, establecido en el artículo 3 de la Constitución y en los respectivos Estatutos de Autonomía, y cuya jurisprudencia se incluye en el Informe de diagnóstico sobre el grado de cumplimiento del uso de las lenguas cooficiales en la istración General del Estado, elaborado por el Ministerio de Política Territorial en 2019 y actualizado en 2020. En dicho estudio se recogen como lenguas cooficiales en las respectivas comunidades autónomas el euskera, el gallego, el valenciano, el catalán y la lengua occitana, denominada aranés en Val d’Aran (Cataluña).

De su examen se desprende además que las instituciones públicas han de velar siempre por el uso de las lenguas cooficiales respecto a trámites o servicios que no excedan la comunidad autónoma —con la salvedad de la justicia, de particularidades concretas—, así como en los debates parlamentarios que se dan en las mismas. Para el resto, no es un requisito obligatorio, aunque buena parte de las páginas web oficiales permiten la traducción.