Euskadi intenta por cuarta vez dejar de ser la única comunidad autónoma sin ley de transparencia

Se suele decir que a la tercera va la vencida. En el caso de la ley vasca de transparencia, su aprobación se ha malogrado hasta en tres ocasiones y ahora se va a por el cuarto intento para hacerla realidad. Euskadi —que suele enarbolar medidas pioneras en otras materias— está a la cola en España en legislación en transparencia y es, de hecho, la única comunidad autónoma que no cuenta con una ley que regule la transparencia en la istración (tampoco la tienen Ceuta y Melilla). Ahora mismo, por ejemplo, las solicitudes de información pública están amparadas por la ley de transparencia que en 2013 aprobó el Congreso de los Diputados durante el mandato de Mariano Rajoy. Ha llovido mucho desde entonces y Euskadi no ha conseguido aprobar su propia normativa. Aunque todo indica que está cerca de ponerle remedio.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que enviará próximamente al Parlamento vasco y parece haber hecho mejor los deberes que en ocasiones anteriores. Ha colocado la ley en la pole del calendario legislativo y por delante queda el suficiente tiempo, tres años largos, para aprobarla sin agobios con los plazos. “Creemos que tenemos tiempo suficiente durante esta legislatura para poder aprobar esta ley”, ha señalado María Ubarretxena, la consejera de Gobernanza, istración Digital y Autogobierno. Además, los partidos de la coalición del Gobierno de Imanol Pradales, PNV y PSE-EE, suman mayoría absoluta en el Parlamento vasco. Esta vez debería salir bien.

También se aventuraba un final feliz en la anterior legislatura (2020-2024), la última de Iñigo Urkullu como lehendakari, pero el Gobierno vasco no aprobó el anteproyecto de ley hasta las postrimerías de su mandato a pesar de tener mayoría absoluta en el Parlamento. La tramitación parlamentaria se inició unas semanas antes de que Urkullu convocase elecciones. La ley volvió a un cajón entre duras críticas de la oposición. Antes ya lo había hecho en otras dos ocasiones. En 2015, durante la primera legislatura en la que Urkullu gobernó en solitario, el PNV decidió retirarla escasas horas antes de que fuera debatida en un pleno en el que no contaba con los votos suficientes para sacarla adelante por el rechazo de EH Bildu, PSE y UPyD. El PNV acusó a la oposición de castigar al Gobierno a las puertas de unas elecciones municipales. En la siguiente legislatura (2016-2020) se tramitó de nuevo. “Los trabajos estaban muy avanzados pero Urkullu decidió adelantar las elecciones”, recuerda Cristina Macazaga, entonces parlamentaria de Elkarrekin Podemos. La ley se fue de nuevo al traste pero, según Macazaga, se pudo haber salvado junto a otras normas que Podemos estaba dispuesto a apoyar. “No era una ley muy ambiciosa pero era mejor que la que había aprobado el PP con Rajoy”. No dio tiempo.

Durante estos años, PNV y PSE han rechazado varias propuestas de la oposición relacionadas con las políticas de transparencia y la lucha contra la corrupción. En el camino ha quedado una iniciativa que Podemos impulsó en 2019 para aprobar una ley que protegiera a los denunciantes de irregularidades dentro de la istración. La iniciativa surgió a raíz de las presiones que denunciaron los tres anestesistas que habían alertado de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Por su parte, EH Bildu ha intentado sin éxito en varias ocasiones que el Parlamento vasco apruebe una ley para la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción. Los partidos del Gobierno siempre han defendido que existen los mecanismos suficientes para impulsar la transparencia y combatir la corrupción en las istraciones públicas vascas.

Y así hemos llegado hasta 2025 y la nueva oportunidad del Parlamento vasco para aprobar una ley de transparencia y dejar de ser la excepción en España. El Gobierno vasco ha recuperado el anteproyecto de ley que impulsó la legislatura pasada, lo que evita arrancar los trámites desde cero y permite ganar tiempo, aunque da por hecho que en el Parlamento vasco habrá que introducir cambios para actualizar el texto. “Tiene una muy buena base y estamos seguros que va a ser enriquecido por los distintos grupos parlamentarios”, ha defendido la consejera Ubarretxena.

El anteproyecto de ley pretende profundizar en la transparencia de las istraciones públicas y contempla la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena, “un órgano independiente, que velará por garantizar que la istración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al a la información”, ha explicado el Gobierno vasco. Las obligaciones de transparencia se extienden además a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, centros de educación y sanitarios concertados y todas aquellas entidades privadas que perciban ayudas públicas superiores a 100.000 euros o al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales sean de procedencia pública. Fuera quedan las diputaciones forales que tienen sus propias normativas.

La propuesta del Gobierno vasco recoge además la oportunidad “de implantar en nuestro ámbito y en el conjunto del sector público vasco el nuevo sistema de protección de las personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción” impulsado por Europa y que se incorporó a la legislación española en 2023. Esto implica la creación de canales internos y externos de denuncia que permitan “generar más confianza, al abrirse la posibilidad de disipar temores a sufrir represalias”.

En el anteproyecto de ley se incluye la creación de un registro con información directa a los ciudadanos sobre los grupos de presión o lobbies que “pretendan legítimamente influir en los procesos de decisión”. Y, entre las novedades respecto a normas similares, está un régimen sancionador que castiga los incumplimientos de la ley. En la istración pública, los altos cargos pueden ser sancionados con hasta 12.000 euros o el cese del cargo. Las sanciones alcanzan hasta los 400.000 euros a las empresas en los casos más graves como desatender los requerimientos de la Autoridad Vasca de Transparencia-Gardena.

El Gobierno vasco defiende que, a pesar de no contar con una ley específica, Euskadi lleva años trabajando y dando pasos en materia de transparencia con “diferentes mecanismos y herramientas que permiten a la ciudadanía acceder y consultar todo tipo de información pública y trasladar peticiones ciudadanas” y cita hasta seis portales: Gardena, Irekia, Euskadi.eus, Open Data, Legegunea y la plataforma de contratación pública. El lehendakari Pradales ha incluido el impulso a esta ley dentro de un marco más amplio de medidas para situar a Euskadi “como un referente democrático ante la incertidumbre europea y mundial”.