Sánchez se examina en el Congreso sobre defensa y el apagón ante la presión del PP y la izquierda

En julio de 2022 se desarrolló en el Congreso el último debate formal sobre el Estado de la Nación, el primero, por otra parte, con Pedro Sánchez de presidente, pero en esta legislatura en las ocho ocasiones en las que el jefe del Ejecutivo ha comparecido, para hacer balance de las citas europeas o de las diversas crisis que le han asaltado, esas sesiones se han transformado en largas discusiones sobre la situación política general del país. Este miércoles volverá a suceder lo mismo con dos asuntos polémicos y de actualidad como la inversión en defensa, para cumplir las exigencias de aumentarla de Donald Trump y la OTAN, y sobre el gran apagón del lunes de la semana pasada. La derecha y la izquierda buscarán retratar a Sánchez. El PP para acusarle de mala gestión e incompetencia. Sumar, Podemos, ERC, BNG o EH Bildu para demandarle nacionalizaciones, expropiaciones, empresas públicas y un mayor desmarque frente a Estados Unidos. Sánchez volverá a prometer que hay dinero para todo, para más seguridad y sin ningún recorte social o subida de impuestos.

Pedro Sánchez no tiene previsto aportar grandes novedades sobre las pesquisas sobre el megaapagón en el otra vez extenso debate que se producirá este miércoles en el Congreso, con cinco peticiones de distintos grupos y el propio Gobierno acumuladas, para informar tanto sobre las medidas que el Ejecutivo va a adoptar para responder a las nuevas necesidades de seguridad y defensa de la Unión Europea reclamadas por Trump y la OTAN y sobre cómo actuó el Gabinete ante el colapso energético sufrido en toda España el pasado 28 de abril y sobre qué se está haciendo para que no pueda repetirse.

El Gobierno aún no tiene las conclusiones sobre los miles de datos analizados en la investigación interna abierta sobre el gran apagón, como evidenció este martes en la sesión del Senado la vicepresidenta tercera, Sara Aagensen. Tampoco quieren precipitarse al señalar y depurar responsabilidades políticas, como urgen PP y Vox. En el Ejecutivo y el PSOE defienden que ese momento llegará, en semanas o meses, y prometen que no se limitarán a apuntar contra cargos de procedencia política, como la presidenta de Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor. Sánchez no se quiere olvidar de las empresas y operadores privados ni acepta que se ponga en cuestión su apuesta sin freno por las energías renovables ante la evidente y oportuna presión de los lobbies pronucleares.

Pero las primeras conclusiones y recetas sobre las teorías del caos del PP y Vox y las de los aliados de izquierdas sobre el gran apagón son contrapuestas. Todos coinciden bastante, eso sí, en que el Gobierno no comunicó bien al principio. Pero la derecha y la ultraderecha han determinado ya en que “el gobierno no funciona” en nada y ha llevado a que España “no funcione”, como coincidieron casi con las mismas expresiones este martes el popular Miguel Tellado y la portavoz de Vox, Pepa Millán, sin esperar el resultado de ninguna comisión ni nacional ni internacional o judicial. Ese diagnóstico les vale para el apagón de luz, los incidentes ferroviarios y muchas otras cosas y se posicionan por complementar el mapa energético con todas las fuentes posibles, sin descartar nada. La izquierda aprovecha la coyuntura para rescatar sus propuestas para una empresa estatal energética, como tienen otros países europeos, y para advertir contra cualquier atisbo de cambiar el mapa pactado del cierre de las nucleares.

El PP ha hecho un amago de negociar sobre el aumento hasta el 2% de la inversión en defensa, como acordó y no cumplió el Gobierno de Mariano Rajoy en la cumbre de la OTAN de 2014 en Glasgow, y también para acordar medidas frente a la imposición de los aranceles de Trump. Pero no cuajó. El portavoz socialista, Patxi López, reprochó ayer a Feijóo que no le dejara seguir los os a su interlocutor, el moderado Juan Bravo, con el ministro en su sintonía, Carlos Cuerpo. La izquierda también recela con ese conato de aproximación. Podemos aboga por la máxima firmeza contra Trump y por expropiar y expulsar de España a los fondos norteamericanos.

El jefe de Gobierno, en cualquier caso, volverá a insistir en la idea de un concepto de defensa y seguridad más amplio y moderno, con un plan de choque de 10.400 millones rebañados de distintas partidas ministeriales porque ni hay ni se espera que pueda haber unos Presupuestos del Estado nuevos para 2025. Sánchez remarcará los cinco pilares de ese plan, que consiste en mejorar las condiciones laborales de las fuerzas armadas y de seguridad, el escudo digital, la modernización de los vehículos clásicos de los ejércitos y también de los cuerpos de protección civil y de emergencias y de las misiones internacionales de paz y los 3.000 militares españoles embarcados en ellas.

Sumar, Compromís, Podemos, ERC, BNG y EH Bildu ponen muchos reparos a todo lo que suene a aumentar las dotaciones económicas “para la guerra” y requieren ese dinero para políticas sociales, sanidad, igualdad o vivienda. Así se lo volverán a echar en cara en el debate de este miércoles al presidente, que Podemos descalifica ya como el “de la guerra y las cesiones a Trump”. Patxi López aseguró este martes ante esa queja que son posibles los dos objetivos, sin recortes ni subir impuestos, pero remachó: “No es incompatible invertir más en seguridad y sanidad pública y mantener seguros los hospitales”.