Farmacias rurales: un sostén contra la despoblación en peligro por la precariedad laboral

La farmacia de Figueruela de Arriba (Zamora), un municipio situado junto a la Sierra de la Culebra y a unos 12 kilómetros de la frontera con Portugal, da servicio a siete pueblos. Entre todos, apenas suman 318 habitantes. Y, “como algunos de ellos no saben leer”, cuenta la farmacéutica, Begoña González Paramio, “les pego soles y lunas en las cajas de los medicamentos para que sepan si deben tomarlas por la mañana o por la noche”. El horario oficial de la botica es de 11.30 a 17.30, “pero cuando acabo, reparto medicinas a domicilio”, dice ella, y luego vuelve a casa, en Zamora, que está a 80 kilómetros de distancia. Cada ocho días, cubre una guardia no remunerada de 24 horas: “Y si el día siguiente es laborable, tienes que trabajar”. No encuentra relevo que le sustituya en vacaciones ni en emergencias puntuales. “Conciliación familiar, cero”, lamenta. “Tengo un compañero que no se puede operar porque no puede cerrar la farmacia ni tiene dinero para contratar a un sustituto”, asegura. “Vivimos en una situación de esclavitud del siglo XXI”.

Esta precariedad laboral centrará el I Congreso Nacional de Farmacia Rural que se celebra este fin de semana en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Lo preside Irene González Orts, titular de la farmacia de Camp de Mirra (Alicante, 445 habitantes), un pueblo olivarero que, además, cuenta con panadería, bar y carnicería. Además de atender su establecimiento, González Orts asiste a domicilio a personas mayores, ofrece servicios de cesación tabáquica, del sistema personalizado de dosificación (SPD), controla el colesterol y los triglicéridos y vende productos de parafarmacia. Pero ni así se sustenta con su trabajo. “Esto no da para vivir con un sueldo base normal”, afirma, “muchos de nosotros estamos pluriempleados porque no llegamos al salario mínimo interprofesional (SMI)”. En su caso, complementa su salario como “divulgadora de salud en las redes sociales”. “Nuestra viabilidad tiene un límite”, declara, “cada mes se cierra una farmacia rural en España y sin farmacia, no hay pueblo”. Reivindica la importancia de su sector en la lucha contra la despoblación. “Para que podamos mantener la buena distribución sanitaria del país, deben ayudarnos a mantenernos”, reclama.

Desde la organización del congreso apuntan que en España hay 4.422 farmacias ubicadas en municipios rurales de pequeño tamaño, con menos de 5.000 habitantes. Aproximadamente, el 20% del total. Dan trabajo a 11.851 empleados, entre titulares y auxiliares. Uno de ellos es Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR) y farmacéutico en Amieva (Asturias, 603 habitantes), un pueblo de montaña situado entre los Picos de Europa y Covadonga, junto a Cangas de Onís. Además, se le asignó el botiquín de Ponga (576 habitantes), con lo que cubre la asistencia sanitaria durante unas horas del municipio vecino, a diario. Una solución para cubrir las necesidades de los municipios sin botica que no le gusta, “porque es tratar al paciente rural como de segunda”. Y que “no se tiene en cuenta” en el salario, “como las guardias o los servicios asistenciales”.

Las farmacias rurales se rigen por los mismos requisitos económicos que las urbanas. Viven del margen sobre el medicamento, establecido en un 27,9% por el Gobierno. “La retribución no se puede basar en los medicamentos que dispensas”, protesta Espolita, porque equipara a los establecimientos de municipios diminutos con “el resto de más de 22.000 farmacias de toda España, que de media facturan un millón de euros al año”, sostiene. En su opinión, “habría que compensar la despoblación y las bajadas en las ventas” con “un fondo de compensación” como el existente en Italia. “Las farmacias italianas cuentan con 128 millones de euros que proceden del Gobierno y del sector”, asevera, una medida que no se replica en España porque se topa “con el rechazo” de los colegios oficiales.

Fuera de las ganancias por venta, solo existen las ayudas a la viabilidad económica comprometida (VEC) que unicamente perciben 700 boticas que dan servicio a menos de 1.500 habitantes y que facturan menos de 235.000 euros anuales. “Son irrisorias”, señala González Orts. “Con las VEC”, cuenta González Paramio, “me dieron en un cuatrimestre 160 euros y con eso no pago ni la luz”.

La tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF), Rita de la Plaza, reconoce que las VEC “son insuficientes” y que son los beneficiarios de estas ayudas los que se encuentran “en mayor peligro” de cierre. A su juicio, “lo del fondo de compensación” que reclaman los afectados “resultaría muy difícil” de implementar, por lo que su apuesta por la sostenibilidad del sector rural pasa por solicitar “incentivos fiscales” para las farmacias y la obtención de remuneraciones “por los servicios asistenciales”. Ya hay programas de diputaciones y ayuntamientos que dan ayudas por los sistemas personalizados de dosificación, aclara, pero tendría que generalizarse en todo el Estado. También reconoce la “carga importante de guardias nocturnas” no remuneradas y “la falta de sanitarios” que impide las sustituciones y relevos en estas boticas.

“No encontramos relevo porque no hay paro en el sector”, indica Ana Alba, farmacéutica de Tudanca (Cantabria, 156 habitantes), municipio de montaña que da nombre a una raza de ganado bovino. “No tengo vacaciones, no me puedo marchar de la farmacia”, deplora. Como no hay manera de encontrar un farmacéutico que se anime a cubrir bajas temporales, no puede “desconectar”. “Ahora, con videoconferencias y móviles, no debería ser necesaria la presencialidad”, sugiere, “haría falta algún sistema que nos dé libertad de movimientos”.

Alba tampoco vive de su sueldo, pese a encargarse del botiquín de Lamasón (248 habitantes) y servir a unas residencias. En un establecimiento como el suyo, nunca va a “conseguir los mismos descuentos que una farmacia grande” para mejorar el margen económico y durante sus horas de guardia, una cada tres semanas: “Apenas facturamos 10 euros por semana”. Suple sus ingresos como consultora de farmacovigilancia para varios laboratorios. “Pago los mismos impuestos que una farmacia urbana, pero no dispongo de los mismos medios”, manifiesta. “Es un trabajo muy esclavo, doy mi vida por él”, zanja.