Castilla y León denuncia los recortes de Renfe en Zamora pero no aporta, como otras comunidades, para cubrir servicios básicos sensibles

La ofensiva de Castilla y León contra Renfe por la supresión de paradas del AVE en el territorio contrasta con que la Junta (PP) no aporta fondos, a diferencia de otras comunidades, para cubrir servicios básicos como los afectados, sensibles por su escasa rentabilidad o uso. Las autonomías que sí participan, con varios millones de euros anuales, son Extremadura, Aragón, Andalucía, Euskadi o Cataluña para respaldar económicamente que circulen esos trenes en zonas comprometidas por su falta de uso. El operador ferroviario, que al suprimir esas paradas agiliza el viaje con Galicia como pidió el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), achaca la reforma a la escasez de s y de rentabilidad entre las protestas de la Junta (PP) y de la sociedad civil. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, señaló hace unos días en EL PAÍS que esta comunidad cubre bonos al pero no a servicios subvencionados que otras regiones sí financian. Castilla y León, entretanto, ha comprometido “entre 60 y 65 millones de euros anuales” para hacer gratuito el transporte por carretera y ha rechazado ayudas estatales.

Las claves de este pulso istrativo se encuentran en la ley del sector ferroviario de 2003, aprobada por el PP de José María Aznar. Renfe tiene dos categorías de servicios: los comerciales (AVE y larga distancia, que debe cubrirlos como empresa sin sufragación estatal) y públicos (no son rentables pero sí importantes, como los Cercanías, Avant o Medias Distancias). La normativa recoge que si las istraciones públicas, desde comunidades a diputaciones o Ayuntamientos, quieren más líneas públicas, deben pagarlas y aportar a Renfe la diferencia de rentabilidad restando del coste el ingreso por billetes, pues la entidad no puede operar a pérdidas. Castilla y León podría solicitar ese estatus si considerara que “la oferta de servicios de transporte de viajeros que realizarían los operadores, si considerasen exclusivamente su propio interés comercial y no recibieran ninguna compensación, resultara insuficiente o no se adecuara a las condiciones de frecuencia, calidad o precio necesarias para garantizar la comunicación entre distintas localidades del territorio español”.

Este sería el caso actual, pues Renfe cambiará a partir del 9 de junio paradas en Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y Sanabria (Zamora), suprimiendo horarios clave para algunos habitantes, aunque pocos según el operador. “La declaración de obligaciones de servicio público a instancia de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales estará condicionada a que estas asuman su financiación”, destaca la normativa, de modo que si Castilla y León quisiera reforzar el estatus de esas rutas debería declararlas de servicio público e incorporarse a su financiación mediante otro convenio con Renfe, como otras regiones. Datos de Renfe de 2024: Aragón (PP) dedicó 2,95 millones de euros anuales a compensar ese déficit de circulaciones, Extremadura (PP) puso 3,25 millones, Andalucía (PP) destinó 7,5 millones euros al Trambahía (Cádiz), Cataluña pagó 303 por los Rodalies (Cercanías) y Euskadi (PNV-PSOE) estima 81 millones para 2025.

La medida ha alterado el debate político. El PP lidera la protesta, con el Gobierno (PSOE) arguyendo que con ellos crece el desarrollo ferroviario y que en 2013 el expresidente Mariano Rajoy (PP) aplicó grandes recortes sobre la oferta en Castilla y León. El PSOE autonómico de Carlos Martínez primero se mostró ambiguo, luego Martínez tildó de “error” la modificación y prometió implicarse, si bien su partido votó contra una proposición en las Cortes para recuperar los trenes bajo el argumento de Renfe: “No podemos convertir el AVE en un Cercanías”. Heredia defendió esta tesis en EL PAÍS y animó a la Junta a colaborar, como otros gobiernos de partidos dispares, para proteger esos horarios eliminados. “Lo más importante para vertebrar un territorio como Castilla y León no es la alta velocidad, sino la media distancia. La Junta tiene una media distancia muy buena comparada con otros territorios, los servicios Avant con mayor oferta. Ese es un servicio subvencionado, con una obligación de servicio público que financia el Gobierno. Si quieren aumentarlo, la Junta puede contribuir a financiarlo. Renfe con los medios que tiene y la financiación del Gobierno tiene este servicio y siempre está interesada en mejorar. Castilla y León aporta una subvención al viajero, pero no al déficit de explotación, hace que el billete sea más barato, pero que no haya mejor oferta”.

La comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco, que celebrará elecciones de aquí a nueve meses, sí remite fondos para el uso de Renfe con una subvención del 25% del coste total de bonos de alta velocidad que se une a otro 25% del Ejecutivo para dejar el servicio a mitad de precio para los empadronados. Esta iniciativa requiere unos cuatro millones anuales, 19,7 desde que se iniciara en 2022. Los descuentos estatales y autonómicos han fomentado que ciudades beneficiadas como Valladolid o Segovia hayan ganado población procedente de Madrid y que León, Palencia, Zamora, Salamanca o Burgos también dispongan de bonificaciones. Heredia insta a que la Junta invierta también en las conexiones comprometidas para, junto a Renfe, brindar ese servicio y cubrir recorridos sensibles demográficamente como los zamoranos. Estos han convocado protestas para recuperar los convoyes perdidos en Sanabria, donde ahora pararán seis, antes ocho, de los 22 convoyes diarios que surcan la provincia.

Mañueco anunció recientemente, en plena polémica ferroviaria y época preelectoral, la gratuidad del transporte por carretera para los censados, entre algunas quejas porque más allá del precio hay muchas zonas con escasez de buses con horarios funcionales: “Alcanzarán los 15 millones de viajes anuales, con una inversión de entre 60 y 65 millones de euros al año”. Mañueco ha emitido esta medida entre ataques al ministro de Transportes, el socialista vallisoletano Óscar Puente -“Ustedes suprimen paradas, nosotros damos el autobús gratis”- y este reaccionó cargando contra la inacción de la Junta para pedir fondos estatales para esta competencia autonómica: “Ya verás cuando se enteren de que Castilla y León es la única comunidad que no ha solicitado las ayudas al transporte del segundo semestre de 2025 [que implica descuentos o la gratuidad para menores de 15 años]”. Además, reprendió al PSOE autonómico: “¿Y la oposición en Castilla y León? Bien, gracias”. Mañueco esgrimió que ni pidieron los fondos porque “están muy por debajo” de lo que aportan ellos: el Gobierno central, según portavoces de la consejería de Movilidad, concede 3,6 millones de euros anuales, el 6% de los 60 millones que pagará la Junta. Esta partida rechazada es algo más de lo abonado por Aragón y Extremadura para esos servicios ferroviarios especiales.