El Govern refunda la DGAIA: menos poder de contratación y más prevención

Viraje en el sistema de atención a la infancia de Cataluña. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) pasará a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El nuevo modelo pondrá énfasis en la prevención y en el refuerzo de los sistemas de protección mediante el traspaso de competencias y la incorporación de 300 nuevos profesionales antes de 2027. La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez, ha presentado este lunes las líneas generales de esta refundación después de que varios escándalos hayan puesto a la DGAIA bajo los focos: primero, por las irregularidades en la contratación de servicios detectadas por la Sindicatura de Cuentas; luego, por la investigación de la Oficina Antifraude sobre una posible malversación de fondos en ayudas a jóvenes extutelados; y finalmente, de forma traumática, por la revelación de una investigación judicial sobre una red de pederastia que captó a una menor de edad que estaba protegida por la DGAIA.

El Govern se dispone a limitar y acotar las funciones de esta dirección general, a la vez que busca la manera de emprender el reto de transformar un sistema que consta de recursos y centros residenciales muy fragmentados y descoordinados entre sí, en su mayoría externalizados en entidades sociales y que cuentan con plantillas hastiadas por las dificultades en el trabajo y los bajos salarios. Además de revisar los protocolos internos y de potenciar la coordinación con los Mossos d’Esquadra, una de las funciones que estaban bajo la lupa del Govern, según ha avanzado la Ser Catalunya, era la de contratar servicios o gestionar prestaciones, por ejemplo las que se otorgan a los mayores de 18 años extutelados para que tengan algún recurso a la hora de emanciparse del sistema de protección.

A partir del 3 de junio, la consejería traspasará la carga de las prestaciones económicas a la Dirección General de Prestaciones Sociales. La gestión de estos contratos y ayudas es precisamente lo que se puso en duda tras la investigación de la Oficina Antifraude, que investigó a diferentes entidades que supuestamente renovaban o duplicaban fraudulentamente prestaciones para personas que ya no tenían derecho a ellas o ya las habían recibido. El nuevo modelo también contempla que la contratación de plazas residenciales sean traspasadas a la Dirección General de Provisión de Servicios ―como ya se aplica en los casos de personas mayores o con discapacidad―, pero la gestión de estas seguirá en manos de la DGPPIA.

El Ejecutivo de Salvador Illa cuenta ya con un diagnóstico y un plan de mejora sobre el sistema de atención a la infancia elaborado por los diferentes actores implicados y que empezó a prepararse en 2019 y se presentó en 2023. Martínez Bravo ha puesto en valor aquel plan, pero ha lamentado que no se llevase a cabo. “Debemos valorar el trabajo hecho hasta ahora, pero el plan de mejora se quedó en un cajón y desde este gobierno hemos apostado por un abordaje más transversal. Hemos diseñado una arquitectura organizativa más profunda y con pleno compromiso por disponer de más recursos técnicos, humanos y presupuestarios”, ha explicado. El presupuesto que el plan de la anterior legislatura de Pere Aragonès contemplaba para este 2025 era de 27,3 millones de euros, tres millones más que el año anterior, pero la consejera no ha detallado cuál será la inversión exacta.

La renovación pivotará sobre la prevención más que sobre la protección, tal y como colegios profesionales y entidades pidieron que se tuviera en cuenta en las conclusiones del diagnóstico: entre ellas, poner el foco en la prevención, pensar en centros más pequeños y con un carácter menos institucional, poner a los s en el centro y dotar de mayores recursos a los trabajadores. Para ello, la consejería ha anunciado una nueva subdirección que estará en manos de Esther Vallbona, profesional en psicología clínica. El modelo de prevención estará, según Martínez Bravo, arraigado al territorio, pero con una perspectiva plenamente municipalista. Se reforzarán los equipos de atención a la infancia (EAIA) de los ayuntamientos con la incorporación de 243 profesionales y el incremento de horas de atención con las familias para evitar el desamparo de niños y adolescentes.

Además, contempla un plan de acción para mejorar las garantías legales de los menores en procesos de desamparo mediante la colaboración y participación del Departamento de Justicia y el Col·legi d’Advocats. La consejería apuesta así por que retirar la tutela a los padres pase a ser una decisión colegiada en comisión interdisciplinaria. Otra de las medidas que ha destacado la consejera es la creación de dos unidades externas que controlen y fiscalicen el sistema de protección. Estas serán la Oficina de Control de Gestión y la Unidad de Seguimiento de Incidencias y Revisión de Protocolos.

La intención expresada por Martínez y por Illa es refundar completamente la DGAIA y el sistema: la consejera dijo en el Parlament que se había abusado de la externalización en los servicios, y el president avanzó que está dispuesto a revisar el sistema de tutelas de los menores y a que sean los jueces, y no la dirección general, los que decidan sobre las medidas de protección.

Las reacciones no se han hecho esperar y la portavoz de Junts, Ennatu Domingo, ha criticado al Govern por su “lenta reacción” para afrontar la crisis de la DGAIA, y ha reprochado al ejecutivo de Illa “no haber atendido a los avisos de la Sindicatura de Greuges cuando tocaba”. En este sentido, ha recordado que los grupos PSC, Esquerra y Comuns votaron en contra de la resolución propuesta por Junts para “forzar al Govern a cumplir con las recomendaciones de la Sindicatura”, en enero: “Nos sorprendre que ahora el PSC haga suyas estas recomendaciones”.

Aun así, Domingo ha pedido a los socialistas que colaboren con “el principal partido de la oposición” para llevar a cabo la comisión de investigación: “Pedimos responsabilidad para que se acuerde una de las dos propuestas de investigación (la de Junts y la de PSC con Esquerra y Comuns) que hay sobre la mesa, ya que es tema grave y el Govern no puede actuar solo”, ha explicado.

En relación con los cambios en la DGAIA anunciados por la consejera Martínez Bravo, ha advertido que sin presupuestos las propuestas amenazan con quedarse en “papel mojado”. “Queremos recordar al PSC que no se puede gobernar sin presupuestos”, ha sentenciado.