La Audiencia Provincial avala la investigación a la alcaldesa de Alcalá por la filtración de un documento policial

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que prosiga la investigación contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos por la filtración de un parte policial de una agresión sexual denunciada en su localidad en enero de 2024. La fotografía de este documento interno de la policía local fue usada por el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para relacionar el delito con la llegada de personas migrantes procedentes de Canarias a un cuartel de Alcalá de Henares.

Los hechos investigados se remontan al 17 de enero de ese año, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebró, de forma excepcional, en Alcalá de Henares. Pocos meses antes, el Ejecutivo central había empezado a ubicar a 1.200 migrantes procedentes de Canarias en un cuartel del municipio madrileño. El propio Ejecutivo autonómico resaltó que celebraban el Consejo de Gobierno en una ciudad en la que se habían producido “graves altercados entre un grupo de extranjeros procedentes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación”.

En la rueda de prensa posterior, la presidenta, Isabel Díaz-Ayuso, aseguró que había un brote de sarna y casos de agresiones sexuales y los relacionó con la llegada de migrantes a la localidad madrileña. El Gobierno central entonces desmintió que hubiese ninguna investigación que implicara a extranjeros alojados en el cuartel de Alcalá en supuestos asaltos sexuales y acusó al Ejecutivo regional de “alentar el racismo”.

Varios medios, entre ellos eldiario.es, se hicieron eco de esta información, que tuiteó la información en su cuenta de X (antiguo Twitter). Alfonso Serrano Sánchez, secretario general del PP de Madrid, citó este tuit, al que acompañó de una imagen de un documento policial interno del cuerpo local para evidenciar, desde su punto de vista, que sí había pruebas de estas presuntas agresiones.

En este documento se describía un aviso anónimo sobre la atención a una mujer que denunciaba haber sido atacada cuando caminaba cerca del cementerio. En el parte se identificaba al atacante como un hombre negro y joven. Piquet retuiteó este mensaje desde su cuenta.

Un mes después, el PSOE presentó una denuncia porque estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, el cometido cuando una autoridad o funcionario público hace un uso inadecuado de un documento del que debe preservar el secreto. La causa también incluye al jefe de prensa de la regidora, que también es presidenta de la Federación Madrileña de Municipios.

Piquet acudió a declarar en enero al juzgado que instruye la causa y negó ser la autora de la filtración. La tesis de la defensa señala al exjefe de la Policía Municipal de la localidad, que había sido nombrado en el anterior mandato socialista y continuó siéndolo con la llegada del PP al poder.

En paralelo, el abogado de Judith Piquet presentó un extensísimo recurso en el que solicitó el archivo de la causa a la Audiencia Provincial. El letrado argumentó que no había suficientes indicios de la participación de su representada en los hechos y que la denuncia inicial no estaba suficientemente motivada, al tiempo que se opuso a que el PSOE pudiera formar parte del procedimiento como acusación particular.

Tanto el PSOE como la Fiscalía se opusieron al archivo de la investigación. En su escrito, el Ministerio Público alegó que esta “información reservada policial, llamémosle discreta, que no ha de ser conocida públicamente porque puede perjudicar la investigación policial, de un delito de agresión que el jefe de Policía Local de Alcalá puso en conocimiento de la alcaldesa mediante la impresión de la nota interna de servicio y que esta, tras hacer una fotografía con su teléfono móvil, hizo llegar bien ella misma o por medio del director de comunicaciones, quien también fotografío con su móvil la nota de servicio, al secretario general del Partido Popular de Madrid”. La Audiencia Provincial avala la investigación del juzgado de instrucción número 2 de Alcalá y le ordena proseguir con las pesquisas.

El portavoz del PSOE, Javier Rodriguez Palacios, señala en una nota de prensa difundida por el partido que “fue una actuación indigna, xenófoba, que tenía como único objetivo culpar a los migrantes senegaleses de un delito que nunca cometieron”. “Han pasado ya dos años en blanco en Alcalá. Judith Piquet falla en la gestión diaria de la ciudad y ahora, además, tiene un grave problema con la justicia”, añade.