Kilmar Abrego García se declara inocente de los cargos de tráfico de personas

Kilmar Abrego García, el salvadoreño a quien el Gobierno de Donald Trump deportó por error a El Salvador, se ha declarado inocente de los cargos que pesan contra él por tráfico de personas. Abrego García compareció este viernes en un tribunal de Nashville, Tennessee, en la primera audiencia sobre las acusaciones que ha presentado contra él la istración tras traerlo de vuelta a Estados Unidos.

Durante la vista, que se alargó toda la jornada, el fiscal federal interino Robert McGuire acusó al salvadoreño de pasar años transportando ilegalmente a migrantes indocumentados en Estados Unidos, haber hecho proposiciones deshonestas a niñas menores de edad y haber pedido fotos desnudas a una joven de 15 años. La defensa criticó la validez de los testigos que supuestamente apoyaban las acusaciones por considerar que había conflicto de intereses por haber obtenido privilegios a cambio de su declaración.

Abrego García, de 29 años, fue deportado a El Salvador el 15 de marzo a pesar de contar con una protección frente a su expulsión. El Gobierno alegó entonces, sin pruebas, que pertenecía a la pandilla criminal MS-13. Después de casi tres meses de oponerse a su regreso a Estados Unidos, desobedeciendo las numerosas peticiones de la justicia, la istración Trump lo devolvió el viernes para enfrentarse al juicio por transportar indocumentados.

La defensa de Abrego García se refirió a los testigos de la fiscalía como “soplones”. Uno de ellos había sido deportado previamente y cumplía una condena de 30 meses cuando los investigadores lo aron. En la actualidad reside en un centro de reinserción social y está en proceso de obtener una autorización de trabajo. “Parece ser precisamente el tipo de persona que este gobierno debería intentar deportar”, dijo el defensor público Dumaka Shabazz. “Van a ofrecerles a todos estos otros tratos para que se queden en el país solo para poder rescatar a esta otra persona”.

El segundo testigo es un pariente muy cercano del primero y “dijo que lo ayudaría a cambio de su liberación”, declaró Richard Tennent, un defensor público. El tercer testigo había recibido previamente una compensación por su trabajo con las fuerzas del orden, informa AP.

La jueza federal Barbara Holmes aún debe decidir si Abrego García permanece detenido mientras se celebra el juicio o si lo deja en libertad. La magistrada afirmó que pronto tomará la decisión.

El Gobierno pide que se mantenga arrestado porque los cargos en su contra involucran a una víctima menor de edad, que supuestamente estuvo entre los migrantes que el salvadoreño transportó. La istración sostiene también que existe un “riesgo serio” de fuga y de que “obstruirá o intentará obstruir la justicia (...) o intimidar a posibles testigos”.

Los abogados del salvadoreño afirman que no había motivos para una audiencia de detención, y mucho menos para su detención efectiva, porque los supuestos cargos contra su cliente no son lo suficientemente graves. Aunque la pena máxima por tráfico de personas es de 10 años, sus abogados señalan que no existe una pena mínima y que la pena promedio por tráfico de personas en 2024 fue de 15 meses, según documentos judiciales.

Holmes señaló que los dos cargos contra Abrego involucran el transporte de migrantes indocumentados, no cargos más graves de trata de personas. “Hay una diferencia muy clara bajo la ley”, dijo.

La fiscalía acusa a Abrego García de “conspiración para transportar extranjeros” y “transporte ilegal de extranjeros indocumentados”, un caso que agrava las afirmaciones del Gobierno, que siempre ha sostenido que el salvadoreño es miembro de la pandilla MS-13. Según las acusaciones, el ahora detenido era una figura clave en una red que transportó a “miles” de personas, incluidos del grupo criminal entre 2016 y 2025.

Las acusaciones surgieron a raíz de la publicación de un vídeo de un control de tráfico en Tennessee en 2022, que se proyectó durante la audiencia. Abrego García conducía un coche en el que viajaban otros ocho migrantes indocumentados. A la policía le pareció sospechoso que ninguno llevara equipaje, a pesar de que aseguraron que viajaban a Maryland para un trabajo. Los agentes dejaron a Abrego García continuar el viaje solo con una amonestación por tener el permiso de conducir caducado.

La fiscalía afirma que uno de los que viajaban tenía 15 años, según la fecha que aparece al lado de su nombre en una lista que los funcionarios estatales obtuvieron de los pasajeros esa noche. La defensa argumentó que la lista no es fiable y que podrían haber mentido porque el tratamiento a los menores es mejor que el que se da a los adultos en caso de detención.

La acusación también dijo que en los viajes sus tres hijos lo acompañaban, pero la defensa respondió que esa afirmación era absurda. “¿Alguna vez hizo un viaje de ida de 24 horas y luego los dejó sentados en el suelo durante 24 horas cuando estaban hacinados en una camioneta con otros ocho hombres?”, preguntó Tennent, que hizo notar que dos de los niños son autistas.

Antes de que comenzara la audiencia en Nashville, la esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez Sura, recordó ante una multitud reunida frente a una iglesia que el jueves se cumplieron tres meses del “secuestró” y desaparición de su esposo. Con la voz entrecortada por la emoción, Vásquez Sura dijo que vio a su esposo por primera vez el jueves. “Kilmar quiere que tengan fe”, añadió, y pidió a quienes lo apoyan que “sigan luchando. ”Saldré victorioso porque Dios está con nosotros”, le dijo Abrego a su esposa.

El Gobierno, que aunque reconoció el error de deportarlo mantuvo siempre la postura de que era un delincuente, usó el vídeo para probar sus acusaciones. El viernes pasado, la fiscal general, Pam Bondi, anunció que, de ser declarado culpable, cumpliría su condena en una prisión federal y sería después deportado de nuevo El Salvador.

A los 16 años, Abrego García entró de forma ilegal en Estados Unidos, huyendo de las amenazas de la pandilla Barrio 18, que también extorsionaba a su familia. Ahora residía en Maryland con su mujer y tres hijos y trabajaba como obrero metalúrgico hasta que el pasado 15 de marzo fue deportado junto a más de 250 migrantes indocumentados a El Salvador, donde fueron encarcelados en el Cecot (Centro para el Confinamiento de Terroristas).

Su caso cobró notoriedad porque por primera vez la istración Trump itió haberle expulsado por error. El salvadoreño contaba desde 2019 con una protección judicial que prohibía su deportación por temor a sufrir represalias en su país de origen. Su caso se convirtió en un símbolo de las injusticias cometidas en las deportaciones masivas del Gobierno. A pesar de haber anunciado que deportaría a criminales, la mayoría de los deportados carece de historial delictivo, como se ha visto en las detenciones indiscriminadas de las últimas semanas.

Sus abogados solicitaron el miércoles a la jueza federal de distrito de Maryland, Paula Xinis, que llevó el caso de su deportación, que imponga multas contra el Gobierno por desacato. La defensa argumenta que el Ejecutivo ignoró flagrantemente las órdenes judiciales para devolverlo a Estados Unidos. El Gobierno nunca obedeció las peticiones de Xinis para que informara de las gestiones que estaba realizando para retornar a Abrego García. Tampoco el fallo del Tribunal Supremo, que instó al Ejecutivo a “facilitar” su devolución a Estados Unidos fue obedecido hasta el viernes pasado, cuando regresó con acusaciones de tráfico de personas.