El juez rechaza frenar la investigación de adjudicaciones de obras durante la etapa de Ábalos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta a José Luis Ábalos, ha ratificado su decisión de encargarle a la Guardia Civil un informe sobre la adjudicación de obras que aparecen subrayadas en fluorescente en unos documentos que presentó en el tribunal el empresario Víctor de Aldama, el presunto cabecilla de la trama que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes. Puente ha rechazado el recurso presentado contra esa petición por Koldo García, quien fuera asesor de Ábalos y, en una resolución notificada este miércoles, considera que es “pertinente, útil y necesaria”. El juez otorga credibilidad a esos documentos y da por hecho que fue García quien se los envió a Aldama y que el entonces asesor participó personalmente en su elaboración.

Los documentos que Puente ha ordenado investigar se refieren a la adjudicación de obras públicas que, según Aldama, fueron pactadas con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento de adjudicación. El magistrado adoptó esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era suya la letra de las anotaciones recogidas en los documentos aportados por el empresario.

Koldo García, también investigado en la causa que instruye el Supremo, recurrió la decisión del juez al considerar que tenía un carácter prospectivo porque nada de lo investigado hasta ahora apunta a que se amañaran contratos de obras a cambio de mordidas. El juez rechaza este extremo e insiste, “ya por enésima vez”, que su investigación no se circunscribe a los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de la covid ―que fue lo que originó el caso―, sino que se extiende a otras contrataciones públicas que, “antes y después”, hubieran podido “concertarse de forma delictiva con la connivencia de los tres investigados”, en referencia a Ábalos, García y Aldama. “En tal caso podrían encontrarse, evidentemente, las adjudicaciones de obra pública”, advierte el instructor.

El juez rechaza también que, como asegura el exasesor del ministro, esa rama de la investigación se base exclusivamente en la declaración de Aldama. En primer lugar, apunta, porque “no conviene minimizar” a priori el valor probatorio que se puede atribuir a las afirmaciones del empresario. “No es solo que el Sr. Aldama Delgado no niegue su participación decisiva en los mencionados hechos, sino que incluso, incorpora en sus declaraciones otros, vinculados a aquellos, pero inicialmente no conocidos en su detalle por los investigadores, de los que también resultaría responsabilidad propia”, señala el juez.

Además, destaca que las palabras de Aldama aparecen corroboradas por los documentos que entregó, que contenían relaciones de obra pública, algunas subrayadas, acompañadas de notas manuscritas. Unos documentos que ―según el magistrado― “le fueron remitidos por el Sr. García Izaguirre y en cuya elaboración concreta tuvo este personal intervención”, como apunta la prueba caligráfica que se le ha realizado en la instrucción.