La Inspección de Trabajo en Cataluña aflora un 35% más de infracciones laborales vinculadas a extranjería

La Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que gestiona estas competencias transferidas por el Estado desde 2010, logró en 2024 las mayores cifras de su historia en cuanto a expedientes finalizados y a la recaudación de las multas impuestas a las empresas. En total, cerró 33.392 expedientes (un 4,6% más que el año anterior), y de ellos se derivó la detección de 13.265 infracciones (un 4,8% más). En conjunto, estas empresas sancionadas abonaron 49,4 millones de euros en multas, con una media de 3.763 euros por infracción. Uno de los ámbitos en los que la Inspección ha avanzado más es en hacer aflorar la economía irregular vinculada a infracciones en contratos a extranjeros: el año pasado se detectaron 1.453 infracciones en extranjería, un 35% más. Este incremento, explica Laura Freixas, directora general del organismo desde hace seis meses, se debe a la mayor colaboración con los Mossos d’Esquadra para luchar contra la economía irregular.

La policía laboral de la Generalitat tiene como objetivo hacer cumplir la normativa en el ámbito del trabajo, pero también tiene las funciones de asesoramiento y las de mediación en cuanto existe una posible infracción. Tiene todas las competencias traspasadas (relaciones laborales, seguridad y salud y ocupación y extranjería), excepto las que tienen que ver con la Seguridad Social, de las que se encarga la Inspección de Trabajo estatal —aunque pueden actuar en este ámbito si encuentran irregularidades en el curso de una inspección iniciada por otro motivo—. Dos tercios de las actuaciones que lleva a cabo vienen de denuncias de trabajadores, sindicatos, policía u otros organismos que detectan que las empresas no están cumpliendo con la norma, mientras que el otro tercio de las actuaciones son de oficio, intervenciones planificadas en los ámbitos que la Inspección quiere enfocarse más.

Uno de estos ámbitos es el de la extranjería y la economía irregular, que seguirá siendo uno de los objetivos prioritarios para este año. Las infracciones detectadas en este sector, por permisos de trabajo fraudulentos o irregularidades en la jornada laboral, le repercutieron a la Inspección el año pasado con un importe por multas de 14,3 millones de euros. A raíz de estas actuaciones, además, se descubrió que cientos de personas no estaban dadas de altas a la Seguridad Social, y se obligó a dar de alta a 1.252 trabajadores.

Estas cifras se derivan de una mayor colaboración con la policía. En un encuentro con medios de comunicación, Freixas explica que desde hace un tiempo se ha ido reforzando la colaboración con los Mossos d’Esquadra en todos los ámbitos: los casos en los que la policía catalana y la Inspección de Trabajo han trabajado juntos han incrementado en un 82,5%. “Por ejemplo, en los controles en las carreteras trabajamos conjuntamente y estamos para detectar irregularidades laborales en el sector del transporte”, señala la directora general.

Detrás de la labor de la Inspección de Trabajo están casos recientes y mediáticos como los contratos fraudulentos en los supermercados 24 horas, las multas a empresas agrícolas por la contratación irregular de temporeros, la propuesta de sanción a la empresa que modera los contenidos de TikTok por fallos en su política de prevención de riesgos, o las inspecciones a Glovo por su modelo laboral. Pero pese a lo noticioso de los casos concretos, el organismo no puede entrar al detalle de cuáles fueron las infracciones más importantes de 2024 o las empresas más reincidentes, puesto que les ampara el derecho de confidencialidad.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat consta de una plantilla de 191 personas (123 inspectores, 51 subinspectores y 17 técnicos). Freixas recuerda que la plantilla ha ido aumentando progresivamente mediante los concursos de oposición y de traslado —este 2025 incrementará en seis inspectores netos—, pero el contingente sigue siendo menor del necesario, especialmente para poner coto a las infracciones que se llevan a cabo en multitud de empresas en Cataluña. Un ejemplo frecuente es el de la hostelería, que pese a tener un convenio colectivo en vigor, se incumple de forma sistemática porque no se pueden realizar suficientes inspecciones. La Organización Internacional del Trabajo recomienda que haya al menos un inspector por cada 7.000 trabajadores, mientras que en Cataluña la ratio es de un inspector por cada 10.000 trabajadores. “Trabajamos para incrementar los efectivos”, apunta Freixas.

Aumentan las denuncias

El motivo más recurrente para presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo (en 2024 se presentaron 11.786 denuncias, un 9% más) es por conflictos relacionados con el tiempo de trabajo —horas extra no retribuidas o no compensadas, jornadas reducidas que no se respetan, falta de control horario, etc.—, y también representó más de 2.200 infracciones del total de infracciones detectadas el año pasado. Por orden, los otros motivos de denuncia más recurrentes son los salarios, las condiciones de seguridad o la evaluación de riesgos.

En el tema de las contrataciones, la Inspección de Trabajo logró el año pasado convertir 7.386 contratos temporales a indefinidos, porque estaban excediendo los periodos máximos autorizados. Y obligó a incrementar jornadas laborales —porque se trabajaban más horas de las que aparecían en los contratos— en 478 casos. Freixas destaca que uno de los objetivos prioritarios para el organismo es incidir más en los temas de igualdad, un ámbito en el que solo se recibieron 61 denuncias el año pasado (por temas como la discriminación por razón de sexo, ya sea salarial o de otro tipo, incidentes de acoso sexual o conflictos por la conciliación laboral, entre otros aspectos).

Las inspecciones por motivo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (la Inspección está obligada a investigar los accidentes mortales, los muy graves y los múltiples) llevaron a un incremento interanual del 12,6% de las infracciones. “Normalmente es porque la empresa tiene una falta de condiciones materiales para prevenir accidentes”, explica la directora general. En 2024, la mortalidad en el trabajo se redujo, pero en lo que va de año 2025 ya ha habido un incremento, y la mitad de las muertes que ocurren son por caídas en altura. La construcción no es el único sector en el que ocurren estos accidentes, pero es uno de los prioritarios para la Inspección por su alto índice de siniestralidad, y en 2024 se detectaron en este sector 1.704 infracciones, un 20,4% más.