El empresario Pere Mir, antes de morir: “Todos los importes económicos deberán entregarse a las fundaciones”

El empresario químico Pere Mir dio plenos poderes a quien había sido su mano derecha durante años, Jordi Segarra, para gestionar su legado cuando muriera. En diversos escritos, Mir dejó dicho que su intención era que todo su patrimonio se destinara a fundaciones dedicadas al ámbito social y, sobre todo, a la investigación científica. Segarra y los otros dos albaceas del testamento de Mir ―el oncólogo Josep Tabernero y el abogado Juan Francisco Capellas― han remitido un escrito a la jueza que investiga el presunto expolio del legado para indicar que han cumplido su deseo. “Todas las operaciones se han llevado a cabo siguiendo sus voluntades”, indican en un escrito que rechaza la decisión judicial de poner en manos de la Generalitat la Fundación Cellex, el principal vehículo que ha canalizado las donaciones a la istración.

“Una vez liquidado mi patrimonio y realizadas las previsiones económicas dispuestas a favor de terceros, todos los importes económicos obtenidos deberán entregarse, según tu criterio, a las fundaciones Cellex y Mir Puig para que lo destinen a sus fines sociales, tal como hemos venido haciéndolo durante todos estos años”, escribió Mir en unas instrucciones a Segarra. En otros documentos aportados por la defensa, el empresario deja claro que las decisiones deben tomarse conforme al “criterio” de Segarra, ya entonces responsable de la Fundación Cellex.

El juzgado de instrucción número 12 de Barcelona mantiene abierta una investigación contra Segarra y los otros dos albaceas para averiguar si ocultaron parte del legado de Mir en el extranjero y, sobre todo, si se beneficiaron personalmente de ese patrimonio. Según los primeros cálculos de los Mossos d’Esquadra que la jueza hace suyos, el presunto expolio asciende a por lo menos 8,4 millones de euros. Entre las operaciones presuntamente irregulares está el hecho de que Tabernero y su mujer recibieron, de una de las empresas, una casa en Baqueira Beret y 312.000 euros. Según el oncólogo, Mir le prometió en vida que la casa sería para él, aunque no lo dejó por escrito.

Después de que, el 9 de abril, la policía registrara la sede de la Fundación Cellex y los domicilios de los investigados, la jueza acordó la istración judicial de esa entidad. El abogado de los tres investigados, Jorge Navarro, ha recurrido ahora esa decisión, en un escrito en el que sostiene que todas las operaciones llevadas a cabo por Segarra desde la muerte de Mir (en marzo de 2017) se han hecho con el objetivo de cumplir sus últimas voluntades. El escrito cita como ejemplo que Segarra ya empezó a liquidar sociedades radicadas en Panamá (propietarias de activos inmobiliarios) ese mismo año, lo que permitió remitir ya entonces 47 millones de euros a las fundaciones.

Navarro considera que la decisión judicial es desproporcionada y recuerda lo ocurrido con la Fundación Intervida, que también fue intervenida durante cinco años en un caso que finalmente acabó en archivo. Los efectos “fueron irreversibles para la entidad”, alega el escrito, que pide evitar que ocurra lo mismo con Cellex.

Una “alineada coordinación”

El abogado denuncia irregularidades en el proceso judicial que han provocado la vulneración de derechos de sus clientes. Critica, por ejemplo, una “alineada coordinación” entre el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat y los Mossos d’Esquadra para “duplicar oportunidades”: el Patronato solicitó, mediante una demanda en el ámbito civil, la intervención de Cellex, mientras que la policía catalana hizo lo propio (algo que el letrado considera igualmente irregular) en el procedimiento penal. “La policía actúa cada vez más como una parte del proceso penal, haciendo suyas funciones que podríamos tildar de para-jurisdiccionales”, lamenta.

La jueza, añade el texto, “ha ignorado hasta cinco requisitos básicos” que exige la ley para poder dictar la intervención judicial de una entidad, por lo que ha vulnerado “la exigencia de legalidad y seguridad jurídica”. Critica, también, que ordenara el decomiso de unas joyas halladas en una caja de seguridad durante los registros, ya que no son el objeto de ningún delito. Las joyas, aclara, “forman parte de la masa hereditaria del matrimonio Mir-Pàmias”.