Una afectada por la sentencia que avala la venta de su casa a un fondo buitre: “Me han quitado la dignidad”

María Jesús Almena, de 54 años, empieza la conversación enérgica: “Me tiembla todo el cuerpo. Me siento estafada”. Y acaba llorando, desgastada tras años de lucha judicial por su derecho a comprar el piso público del distrito madrileño de Carabanchel en el que ha vivido de alquiler desde 2006 y que el gobierno de Ana Botella vendió a un fondo buitre en 2013 por apenas 60.000 euros. Ella y otros vecinos emprendieron una batalla en los juzgados arriesgada y costosa con la esperanza de que los tribunales les dieran la razón y les reconocieran el derecho de compra preferente que recoge la ley frente a un tercer comprador. Pero este jueves, el Tribunal Supremo ha eliminado esa posibilidad. “Me han quitado la dignidad... Hemos perdido todo”, afirma al otro lado del teléfono.

El 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Blackstone para dar liquidez a las arcas públicas. Un ingreso rápido en un momento de crisis. A inquilinos como María Jesús, que es empleada pública, la noticia les llegó por una carta, les prometieron que no iban a cambiar sus condiciones, pero lo cierto es que su alquiler subió de 400 a 980 euros, algo inasumible para un sueldo de mileurista como el suyo.

Muchos abandonaron las casas, otros fueron desahuciados, y otros, como Almena, decidieron seguir consignando su arriendo en un juzgado y emprender una vía legal para tener la posibilidad de comprar su casa al mismo precio que lo había hecho Blackstone, lo que se conoce como derecho de retracto. Hasta 41 vecinos de Carabanchel, cuatro del distrito centro y otro medio centenar del Ensanche de Vallecas tomaron el mismo camino.

Más de una década de derrotas judiciales, pero también de victorias, como la que experimentó la propia María Jesús y el resto de inquilinos de Carabanchel en diciembre de 2021, cuando la Audiencia Provincial de Madrid les dio la razón y les dijo que podían adquirir su vivienda por un precio absolutamente por debajo del mercado. “No acabo de creérmelo, por eso no he empezado a buscar hipotecas”, reconocía en ese momento esta vecina y recordaba que Blackstone aún podía recurrir al Supremo. De hecho, lo hizo, y este jueves ha ganado la batalla judicial.

A las cuatro de la tarde, otro de los vecinos afectados ha enviado al grupo de Whatsapp que comparten un enlace a una noticia. Así es como se han enterado. Rápidamente, el chat se ha llenado de desolación. “Derrotados, vapuleados, manipulados, abandonados... Todos esos son los adjetivos que hemos ido poniendo. En resumen, nos han jodido la vida”, apunta esta afectada. María Jesús reconoce que la caída ha sido más dura después de que el mismo tribunal sí que diera la razón a los residentes en la calle Lope de Vega, que estaban en su misma situación.

En ese caso, el tribunal sí consideró que se daban las condiciones para tener ese derecho de retracto. “Después de 12 años de lucha, de gastarnos dinero que no teníamos y de ese desgaste psicológico y físico, que acabe así... La frustración y la rabia son enormes”, ite. “Por otro lado, también tenemos derecho a descansar, la conciencia la tenemos tranquila porque lo hemos luchado hasta el final y tienes que asumir que eres pequeñito. Hoy me siento muy insignificante”, añade.

Al abogado Mariano Benítez de Lugo, que lleva con esta causa una década, la noticia le ha pillado comiendo en un restaurante. “Es el día más triste en mis 62 años de profesión, no por haber perdido, sino por el desprecio del Supremo a los derechos de los más vulnerables”, ha afirmado. Al letrado le sorprende el cambio de criterio con respecto a la sentencia de noviembre, en la que el alto tribunal sí dio la razón a los inquilinos y les abrió las puertas a comprar sus viviendas en el corazón de Madrid por 60.000 euros.

En ese caso, el falló consideró que la venta a Blackstone de los domicilios había sido individual y no en bloque. “Sorprende el cambio de criterio cuando se trata de la misma operación y el mismo ponente —el mismo magistrado que redacta la sentencia—. El argumento que utiliza es contradictorio con respecto al de noviembre y no se puede entender porque no hay pruebas que lo avalen”, afirma el letrado.

“Como decían los romanos: Autoritas non veritas, es decir, que está la autoridad del Supremo, pero no la verdad”, resume Benítez de Lugo, quien asegura que estudiará el fallo para ver si cabe algún recurso al Constitucional. “Voy a mantener mi dignidad hasta la última alegación que se pueda hacer, porque ya no tenemos nada que perder”, asegura Almena.