Vox amplía su influencia ideológica en el PP de Ayuso: elimina la partida de memoria democrática y activa el veto parental en Pinto

Vox ha aumentado su influencia en el PP de Isabel Díaz Ayuso al firmar con el partido conservador y una formación local un acuerdo para aprobar los presupuestos de Pinto (población de 56.000 habitantes en el sur de la Comunidad de Madrid) que incluye suprimir la partida de memoria democrática; eliminar cualquier referencia a la Agenda 2030 de documentos oficiales; y activar una suerte de veto parental educativo: todas las actividades educativas financiadas por el Ayuntamiento requerirán consentimiento previo y explícito de los padres. Así consta en el documento del acuerdo, anunciado este lunes y consultado por este diario. En las elecciones de 2023, el PP ganó los comicios, con nueve concejales, pero para gobernar debió pactar con Pinto Avanza (con dos concejales) y contar con el beneplácito de Vox (también con dos ediles), que votó a su propio candidato.

No es la primera vez que Vox impone al PP su agenda ideológica en Madrid. La extrema derecha ya logró en abril que el Ayuntamiento de Collado Villalba, con 60.000 habitantes, borrará de sus documentos oficiales el término “violencia de género” para sustituirlo por “violencia doméstica” a cambio de que los conservadores sacaran adelante los presupuestos.

La decisión, un paso atrás que retrotrae al Ayuntamiento a los años noventa del siglo XX, supuso borrar de un plumazo la violencia ejercida contra las mujeres por ser mujeres, y subsumirla y difuminarla en la que se da dentro de los hogares. Una apuesta avalada por la dirección regional del partido, que preside Ayuso, según comprobó este diario.

Sin llegar a explicitar esa medida en el nuevo acuerdo, algo parecido se insinúa en el pacto alcanzado en Pinto, donde la extrema derecha presume de un recorte de 300.000 euros “en partidas ideológicas” que incluyen 35.000 euros que iban a ser destinados a memoria histórica (“charlas, conciertos...”, ejemplifican).

Así, los firmantes se comprometen a garantizar “el respeto a los principios constitucionales, neutralidad, defensa de la familia y de la infancia, rechazando cualquier tipo de adoctrinamiento o imposición en sus políticas públicas, eliminando partidas y actuaciones contrarias al interés general o que promuevan el enfrentamiento entre vecinos”.

¿Cómo interpreta Vox esa parte del pacto? Como un compromiso en favor de la “neutralidad de la comunicación institucional” que implica que quede “prohibido lenguaje ideológico o divisivo en medios, redes y cartelería”. De nuevo, por lo tanto, se pone la diana en la violencia de género y la memoria democrática.

No son esas las únicas medidas adoptadas en Pinto con el sello de la extrema derecha, que en un comunicado se ha felicitado por lograr que con el acuerdo se pueda “desarrollar la agenda política y social de Vox”. Así, se alienta el fantasma de la okupación, pese a que las cifras no reflejan que este drama sea un problema social a gran escala, con el impulso de un plan municipal.

Se compromete, también, la contratación de un mínimo de 100 agentes de policía más. Se apuesta por incrementar la financiación de los toros y por crear una comisión taurina municipal. Y se plantea adaptar la zona de bajas emisiones del municipio para que no haya restricciones para los locales.

Tras las elecciones municipales de 2023, PP y Vox se aliaron para gobernar a un millón de personas en la Comunidad Madrid. De Móstoles y Alcalá de Henares, los dos municipios más poblados de la región tras la capital, a Navalafuente, estas formaciones firmaron coaliciones de gobierno en grandes y pequeños municipios, y acordaron defender “el derecho a la vida”, impulsar planes antiokupas, o financiar más policía y más toros.

Con el paso del tiempo, ha habido rupturas, desplantes y reproches públicos: de Alcalá a Pedrezuela, pasando especialmente por Torrelodones o Leganés, la alianza de los dos partidos ha vivido desencuentros puntuales. La mayoría se deben a asuntos municipales, e incluso a desencuentros personales propios de la política local. Pero ningún problema de los ocurridos ha sido ajeno a los movimientos tectónicos de la política nacional: que Vox decidiera salir de sus gobiernos autonómicos con el PP, o que el líder nacional de la extrema derecha, Santiago Abascal, y Ayuso, vivan de crítica en crítica cruzada.

En Alcalá de Henares, el partido de extrema derecha llegó a emitir hace un año un comunicado calificando de “mala decisión” los cambios que patrocinaba el PP en la Policía Local, y criticándolos con todo lujo de detalles. Ese mismo mes, en Pedrezuela, el gobierno saltó por los aires cuando el regidor (PP) cesó a la edil de Vox por votar en contra de los Presupuestos.

Los dos socios también chocaron por la retirada en Alpedrete de las placas en homenaje a Francisco Rabal y Asunción Balaguer, finalmente abortada. En junio de 2024 pasó de todo: Vox se quejó de que el PP no cumplía el pacto secreto que les unía en Leganés (donde no gobiernan juntos); y en Humanes, el PP rompió con Vox, y apostó por un partido local como socio, cuando uno de los concejales ultras se marchó al grupo de no adscritos, dejando al gobierno en minoría.

El verano pasado, Vox rechazó que el Ayuntamiento de Móstoles financiara actividades de la semana del orgullo LGTBI, acusando a los conservadores de omitir el concepto de esa partida en los Presupuestos aprobados por ambos.

En cualquier caso, los conflictos más graves hasta ahora se han dado en Torrelodones y en Leganés, donde la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos llevó al alcalde de la localidad, del PP, a convocar y ganar una moción de confianza.

Collado Villalba tampoco ha sido una excepción en esa dinámica de tensión constante. En el arranque de la primavera, Vox anunció que votaría en contra de los Presupuestos del PP. Unos días después, hubo acuerdo. Ese es el mismo final que se ha logrado ahora en Pinto, último ejemplo de cómo Vox va extendiendo poco a poco su influencia por los municipios de la región.