Nuevos trabajos, nuevos derechos

El sindicalismo de clase vuelve a las calles otro Primero de Mayo cuando la defensa de los derechos de los trabajadores suma a los viejos desafíos (salarios, precariedad, negociación colectiva, siniestralidad) problemas de nuevo cuño derivados de la revolución tecnológica, espoleada por el despliegue de la inteligencia artificial. La pandemia aceleró cambios que afectan a las condiciones profesionales de millones de empleados enfrentados a retos que no son del futuro, sino del presente más cotidiano. Esa doble cara puede resumirse en el lema con el que las centrales mayoritarias, CC OO y UGT, han convocado para hoy más de 50 manifestaciones en toda España: Proteger lo conquistado, ganar futuro. Marchas que incidirán especialmente en la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas pactada entre el Gobierno y ambas centrales en diciembre y cuyo proyecto de ley iba a ser aprobado esta semana por el Consejo de Ministros si no se hubiera visto aplazado —en principio hasta la próxima— por el apagón del lunes.

El propio recorte de la jornada —sin rebaja salarial— sintetiza un tiempo en el que la reivindicación de mejores condiciones de trabajo —es decir, de vida— confronta con un escenario en el que la automatización y el avance de las plataformas regidas por algoritmos cuestionan de forma inédita la propia idea de cadena de producción y de trabajador. Y puede sintetizar un país en el que más del 9% de las empresas y más del 40% de las grandes usan ya la IA o el big data al tiempo que, pese a los avances, el paro se eleva al 11,4%, el doble de la media de la UE. Que la revolución tecnológica no se traduzca en precariedad laboral ha de ser fin primordial de todos los agentes. Está en juego el Estado social y de derecho, objeto muchas veces de la indignación legítima de los damnificados por un progreso mal entendido que se olvida de ciudadanos a los que sacrifica en el altar del beneficio inmediato como si fueran parte de un peaje inevitable.

España ha dado desde el final de la pandemia claras señales de una fortaleza económica que ha contribuido a que el año pasado se superaran los 21 millones de cotizantes y se crearan casi 502.000 empleos. Son en parte el resultado de una reforma laboral que demuestra que los avances sociales pueden ser económicamente viables, como lo ha sido también el aumento del salario mínimo, que ha crecido en un 61% en los últimos siete años: de 735,90 euros a 1.184. Una medida que fue recibida con augurios de destrucción de empleo que no se han cumplido.

El acuerdo para la reforma laboral fue fruto del diálogo social, del que la patronal se ha descolgado a las puertas de un cambio histórico en la jornada de trabajo que beneficia a más de 12 millones de personas y apoyan dos de cada tres ciudadanos. La reducción de jornada, para cuya aprobación definitiva el Gobierno no cuenta por ahora con una mayoría parlamentaria, debe servir también para impulsar una defensa eficaz del derecho a la desconexión digital, que existe en el ordenamiento legal desde 2018.

Llega este Primero de Mayo a un mundo sacudido por la voladura del orden político y económico a manos de Donald Trump con el apoyo de oligarcas tecnológicos que ven los derechos laborales como una rémora para sus multimillonarios beneficios. No hay día mejor para subrayar que todo empeoraría para los trabajadores sin una defensa colectiva, la sindical, que es un pilar de la democracia. Y que resulta más necesaria que nunca cuando, a veces, la hiperconexión se convierte en una forma perversa de aislamiento.