El Ayuntamiento de Granada nombra jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local al subinspector acusado de violencia machista

Orden del cuerpo Nº 090/2025. Asunto: nombramiento jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local de Granada. Ese es el encabezamiento del documento por el que Ana Isabel Agudo Martínez, la presidenta de la Escuela de la Policía Local de Granada y concejala delegada de Movilidad y Protección ciudadana, ha nombrado como jefe de estudios al subinspector acusado y a la espera de juicio por violencia machista contra su expareja, detenido, además, más de 10 veces por quebrantar la orden de alejamiento contra ella ―que tiene activo el sistema Cometa, la pulsera antimaltrato―, y también investigado junto a otros seis compañeros por entrar al Sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de esta violencia, para localizar a la víctima.

La fecha en la que se hará efectivo ese nombramiento es este próximo lunes, aunque, dice también ese documento, “contra la presente orden cabe recurso de alzada” en el plazo de un mes ante la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP. Desde el Ayuntamiento, explican que “el agente ha solicitado un cambio de destino por motivos personales. Este cambio se ha realizado al único puesto disponible de su categoría de subinspector. Siguiendo instrucciones de la autoridad judicial correspondiente, continuará desarrollando labores istrativas e internas a la Policía Local, sin suponer en ningún caso privilegio alguno ni ascenso”.

Para la oposición en el Ayuntamiento, el PSOE, esto es “un escándalo”, según las palabras de la concejala Raquel Ruz: “Esta persona está acusada de un delito gravísimo como es la violencia de género y este nombramiento es un puesto de libre designación, no es una plaza que se obtenga por oposición, por tanto han decidido premiarle de alguna manera, ampararlo y darle un puesto de esa relevancia. ¿Esta persona va a dar formación en violencia de género al resto de agentes?“.

Ella, la víctima, al tanto de este nombramiento, dice al teléfono estar “cansada y agotada de los procedimientos, de ver cómo su entorno lo ayuda”, porque eso, alega, sirve para que “él se crezca” y que pueda seguir ejerciendo violencia contra ella y sus hijas aunque no sea de forma directa. Cuenta que durante esta Semana Santa “el dispositivo no ha parado de pitar”, asegura que ha estado dos veces en su trabajo, y otra vez en una vivienda que tiene en Motril.

“Y el primer fin de semana de Semana Santa quitó la señal de los dispositivos y no cogía la llamada del sistema Cometa y estuvo llamando a un amigo mío para que me trasladara mensajes. La Guardia Civil me llamó para que denunciara, pero ya no puedo más. Él quiere que denuncie porque así nos volvemos a encontrar en los juzgados y es otro vínculo más con él, y cuando no denuncio la lía más para ver si lo hago. Y ya no más, ya no puedo más”, añade, serena pero “con algo de miedo”.

Teme que, ahora que se acerca la fecha del juicio y viendo que ella no responde de ninguna forma a sus actos, acentúe de alguna forma la violencia, contra ella o sus hijas, “que haga algo”, un comportamiento habitual dentro de la estructura en la que se produce la violencia machista. Lleva inmersa en esto alrededor de dos años.

El caso comenzó en julio de 2023, cuando la entonces expareja del subinspector lo denunció por primera vez por maltrato físico y psíquico contra ella y sus dos hijas. La jueza de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada acreditó que él se había dirigido a ella diciéndole “eres una puta” o “soy capaz de matar” y que había accedido al ordenador y al teléfono de ella, copiando información. Dictó entonces una orden de alejamiento de 200 metros y ella fue incluida en el sistema VioGén como “riesgo alto”.

Solo en los primeros meses, los quebrantamientos de esa orden por parte de él llevaron a ampliar el radio de alejamiento hasta los 500 metros y a activar una pulsera antimaltrato, el llamado sistema Cometa, que coloca un dispositivo GPS para él y un móvil para ella. Además, la jueza impuso al padre el pago de 650 euros para la manutención de las hijas, de 16 y 20 años ahora, concedió su guardia y custodia a la madre y suspendió la posibilidad de que él las visitara.

Sin embargo, siguió sucediendo, la mujer se dio cuenta de que expareja tenía que tener información de dónde se encontraba ella en cada momento, por lo que presentó una denuncia con sus sospechas ante la Guardia Civil, que abrió una investigación y corroboró la intuición de la víctima: seis compañeros de la Policía Local de Granada y el propio subinspector habían accedido durante un año hasta 48 veces al Sistema VioGén para ver los datos de la víctima, sistema que solo debe ser accesible para agentes específicos de ese sistema.

Cuatro de esos policías locales declararon ya a finales de marzo ante una jueza de instrucción granadina por un presunto delito de revelación y descubrimiento de secretos, y aún faltan por declarar otros tres, entre ellos, el subinspector. Este, además, se enfrenta hasta a 10 procedimientos distintos por maltrato, seguimiento ilegal, pago de la manutención o entrada ilícita a su vivienda, entre otros.

El juicio principal, el de violencia machista, aún no tiene fecha, aunque sí tiene escrito de acusación de la Fiscalía, que pide seis años y diez meses de prisión para él por violencia habitual y maltrato psíquico, y también por presunta revelación y descubrimiento de secretos por la supuesta instalación por el agente de un GPS en el vehículo de su exmujer para conocer dónde se encontraba en cada momento y por el y sustracción de datos de su móvil y su ordenador. La petición de la agredida supera los 10 años de cárcel.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede ar a través del correo electrónico [email protected] y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.