Raquel Martínez, víctima de violencia machista, sin alquiler social 18 años después: “Necesitamos un techo para liberarnos del maltrato”

La zozobra en la que Raquel Martínez lleva inmersa 18 años no amaina. Esta vecina del barrio de Verdum, en el distrito de Nou Barris de Barcelona, tuvo que huir de su casa en 2006 como consecuencia de la violencia machista que sufría por parte de su exmarido. Tiene reconocida la incapacidad permanente absoluta desde hace 13 años y todavía no ha logrado una vivienda estable para ella y sus hijos. Tras dos décadas de ocupaciones, desahucios y desilusiones por la falta de alternativas, vuelve a enfrentarse a la incertidumbre después de que el desahucio previsto para el próximo 9 de mayo por parte del fondo de inversión Anticipa Real Estate, filial de Blackstone, haya vuelto a aplazarse. “Llevo años de mudanza en mudanza, dos desahucios encima y otros tres lanzamientos que se han aplazado a última hora con la agonía que eso comporta”, ha lamentado Raquel este martes en una concentración frente a la Oficina de Vivienda del distrito.

Cuando huyó de los malos tratos, Raquel ocupó una vivienda y, según cuenta, fue desahuciada en 2008 y en 2014 sin que el Ayuntamiento de Barcelona le informara de su derecho a solicitar una vivienda de emergencia social. Desde entonces tiene activado un ATENPRO, un dispositivo geolocalizador para mujeres en riesgo de sufrir violencia de género. “Necesitamos un techo para liberarnos del maltrato”, sostiene.

Desde hace cinco años ocupa otro piso en la calle de Almagro, propiedad de Anticipa Real Estate, que intentó desahuciarla en abril de 2024. Ante esta situación, la Agencia de Vivienda de Cataluña le ofreció la posibilidad de acogerse al programa Reallotgem, una iniciativa en la que la istración pública alquila directamente pisos vacíos a fondos de inversión para realojar a personas pendientes de una adjudicación de la Mesa de Emergencia.

Este fue el primer batacazo para Raquel, ya que la Agencia, explica, le denegó la opción de acogerse a este programa al considerar que la vivienda no cumplía con con los metros cuadrados habitables. Ante la desprotección que sentía, el 11 de julio de 2024 acudió a la Audiencia Pública de Nou Barris para exigir una solución. Dos semanas más tarde, recibió una llamada en la que le informaron de que se le adjudicaba un piso de alquiler social a través de la Mesa de Emergencia, pero asegura que nunca recibió ningún documento con la confirmación. “Lo único que siempre he querido es reparar el daño que me han causado. Simplemente exijo soluciones reales y no más promesas vacías”, ha subrayado.

Tras todo el verano sin respuesta, el 4 de septiembre la oficina le comunicó que en su base de datos no había constancia de ninguna adjudicación. Según fuentes municipales, la propiedad reinició el procedimiento judicial para confirmar una nueva orden de desahucio que Raquel recibió el 25 de octubre y se abrió un nuevo proceso de negociación para conseguir otra vivienda del programa Reallotgem. Esta vez se suspendió, según fuentes del consistorio, por no ser la inquilina la titular del contrato de alquiler.

Después, la oficina le confirmó una vivienda de alquiler social en el barrio de Roquetes, pero cuando llegó al piso, Raquel asegura que estaba en ruinas. Unas condiciones que un equipo de arquitectos de la Agència Catalana d’Habitatge y de Anticipa certificaron como “inhabitables”.

En este caso, Raquel y el Sindicat d’Habitatge de Nou Barris se reunieron en febrero con la jefa de adjudicación del Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB), y la responsable de la oficina de vivienda del distrito. “Me insistieron en que había alternativas de alquiler social a través de Reallotgem o de un convenio con la Fundació Hàbitat3, pero el 13 de marzo mi abogada me notificó que había una nueva fecha de desahucio para este 9 de mayo”, lamenta. La abogada de Raquel ha adelantado que se ha llegado a un acuerdo para aplazar el lanzamiento, pero que todavía falta la confirmación del consistorio. “El desahucio se ha suspendido porque las negociaciones siguen abiertas. Durante este tiempo la Oficina de l’Habitatge se ha mantenido en o con la inquilina y se ha reunido en diferentes ocasiones para explicarle todo el proceso y las mediaciones que se realizan”, ha justificado el Ayuntamiento.